Bonilla y los contratos de arrendamiento a su compadre; simulación del “cambio verdadero” en la 4T
Por Adán Mondragón
TIJUANA, BC A 13 DE ABRIL DE 2021.- La autodenominada 4T (cuarta transformación) que en Baja California encabeza Jaime Bonilla Valdez, la que pregonó que serían el “cambio verdadero”, no es más que pura palabrería y simulación.
Pongo un ejemplo y usted juzgue: El 1 de enero del 2020 el Poder Ejecutivo, a través de la Oficialía Mayor, firmó un contrato de arrendamiento por más de un millón 700 mil pesos, para que la Fiscalía General del Estado (FGE) contara con espacios para las oficinas de Investigaciones Especiales.
Cualquiera pensaría que no hay nada de malo en que el Estado rente inmuebles para habilitarlos como oficina. Lo inquietante es que el inmueble ubicado en la calle Diego Rivera 10211 de la Zona Rio, se presume, le pertenece a un familiar del titular de la FGE, Guillermo Ruiz Hernández.
El artículo 49 de la Ley de Adquisiciones para el estado, textualmente señala que la unidad administrativa se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere la ley con las personas físicas o morales siguientes. Fracción I.- Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, concubina, concubinario o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
El inmueble en mención es propiedad de Patricia María Magdalena Macfarland Ruiz, quien sería la pareja del fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, lo que haría ilegal el contrato entre el poder ejecutivo y Macfarland Ruiz.
CONTRATO ARRENDAMIENTO EDIFICIO FGE
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Si en verdad la 4T representa “el cambio verdadero”, Jaime Bonilla -compadre del fiscal general- tendría que haber impedido que se signara el contrato de arrendamiento, sin embargo, decidieron que sin importar la Ley, éste se concretara, es decir, terminaron por hacer lo que tanto criticaron de gobiernos anteriores.
El encargado de firmar ese contrato, vigente del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del mismo año, fue Héctor Irineo Mares Cossio, en ese momento Oficial Mayor del gobierno del Estado y hoy, candidato a diputado federal por el distrito VI representando a MORENA.
FACTURA 1
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El inmueble mencionado, fue vandalizado el pasado 8 de marzo del 2021, en el marco de las protestas por la violencia contra la mujer.
Desde el 2017 existen contratos de arrendamiento entre el poder ejecutivo de Baja California y la particular Patricia Maria Magdalena Macfarland Ruiz, en los que en promedio se pagan 145 mil pesos por mes, lo que significa que en 48 meses, Macfarland Ruiz, habría obtenido ingresos por aproximadamente siete millones de pesos.
FACTURA DOS
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