TIJUANA, BC A 25 DE MARZO 2021.- Empresarios confían en que las decisiones que ha tomado el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez en materia de cobro de agua y expropiación del Club Campestre de Tijuana, podrán ser revertidas en tribunales.
Lo anterior fue expuesto por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Francisco Rubio Rangel, quien sostuvo que “las cosas no le están saliendo bien al gobierno de Jaime Bonilla”, pues realiza acciones completamente fuera de lo común que los tribunales terminan resolviendo en contra de su administración.
El líder empresarial aseguró que además de cobros indebidos que está aplicando la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) a varias empresas que han tenido que promover Amparos en tribunales, se espera una nueva batalla por el interés del mandatario estatal de expropiar el Club Campestre bajo el argumento que busca rescatar áreas verdes, a pesar de que este gobierno no ha inaugurado ninguna de ese tipo.
“Si el gobierno de Baja California cree que tiene un caso en el asunto de la expropiación, pues que lo presente a los tribunales, pero garantizando que los socios del Campestre tengan un juicio justo”, apuntó, aunque consideró que la administración estatal cuenta con terrenos para poder desarrollar parques a menor costo, que emprender una lucha legal contra los socios del citado club.
Advirtió que los sectores económicos están preocupados por un posible boquete financiero que estas decisiones tomadas por el mandatario pudieran ocasionar al erario público, pues ante la posibilidad de que los tribunales federales determinen que los cobros que aplica la CESPT deben ser revertidos y que tampoco no procede la expropiación del Club Campestre, el gobierno que en ese momento esté en funciones, deberá devolver los cobros y pagar las “costas legales” de los juicios que ya se están promoviendo.
“Lo que preocupa al sector empresarial es el daño patrimonial que sufrirá la hacienda pública, pues deberá asumir las costas de los juicios que se mantienen por los cobros de agua e indemnizar por los gastos a los empresarios que están presentando los amparos”, acotó finalmente.
