Declaratoria de utilidad pública compromete certidumbre jurídica: Especialistas
Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA a 13 de abril de 2021.- La Justicia Federal mantiene tres suspensiones vigentes en contra de cualquier acto legal que pretenda ejercer el gobierno de Baja California para apropiarse del predio del Club Campestre de Tijuana.
De continuar esta acción, provocará que la ciudad y el Estado pierdan la certidumbre jurídica necesaria para la inversión local y extranjera, coinciden especialistas.
“El mensaje que se envía a la comunidad nacional e internacional es preocupante, donde no existe seguridad jurídica no hay condiciones para la inversión, este acto es preocupante porque rompe el derecho sobre la propiedad privada, lo que afecta a Baja California y a México en lo económico, pues los inversionistas tienen aversión al riesgo” expone el Fiscalista Omar Contreras Borbón.
Agregó que el documento publicado la mañana del martes 13 de abril en el Diario Oficial del Estado no tiene sustento legal, pues la causa de utilidad pública que propone no cumple los requisitos legales, además de que en él no se propone el mecanismo para la indemnización de los propietarios del inmueble.
“Los considerandos 17 y 18 de la Declaratoria de Utilidad Pública establecen que Tijuana no cuenta con áreas verdes para su esparcimiento; sin embargo, sólo en la delegación Centro, de la Ciudad de Tijuana existen 22 parques habilitados y funcionando”, dijo.
El Constitucionalista, Sergio Bravo Gibert coincidió en que la Declaratoria de Utilidad Pública decretada por el Gobierno estatal carece de dos elementos sustanciales: el primero refiere a que no justifica plenamente la utilidad pública y el segundo, que no expresa la indemnización que va a otorgar a los socios.
Aunque la declaratoria publicada esta mañana es el primer paso para la expropiación, pero el proceso tarda, por lo que “el paso a seguir por el Club Campestre es que tiene 15 días o los interesados, para poder acudir con el Gobierno e inconformarse respecto a esta declaratoria, después de mostrar la inconformidad, en este término de 15 días, puede ofrecer pruebas el Club Campestre o cualquier interesado para efectos y argumentos”.
Los expertos aseguraron que la Declaratoria de Utilidad Pública difícilmente prosperará, porque resulta endeble el argumento de la pretendida creación de un parque público para cuidado de la salud, pues esta función ya la realiza el predio utilizado como campo de golf. Será una lucha política y jurídica, auguraron.
