Por Adán Mondragón
TIJUANA, BC A 17 DE ABRIL DEL 2021.- El Titular del Poder Ejecutivo de Baja California podría estar engañando a la población con motivos ocultos para expropiar el Club Campestre de Tijuana, pues existen elementos en la ley que le permitirían convertir el predio en el “Complejo Interactivo Campestre” para hacer negocios privados.
De acuerdo con una revisión que realizó Esquina 32 se determinó que antes de la publicación de la declaratoria de “utilidad pública” del Campestre (13 de abril del 2021) en el Periódico Oficial del Estado, se hizo una modificación a cinco artículos de la Ley General de Bienes del Estado, contenidos en el decreto 198 y publicado en el POE el 25 de enero del 2021.
La primera modificación fue el artículo 8, que faculta a la Secretaría General de Gobierno (cuyo titular es Amador Rodríguez Lozano) y le otorga la competencia para representar jurídicamente al Ejecutivo del Estado, en toda clase de negocios judiciales o administrativos del orden común o federal. La SGG en los asuntos relacionados con la aplicación de esta Ley o los bienes del Estado coordinará y ejecutará las acciones jurídicas que se realicen para el cumplimiento de la presente Ley.
Otra modificación es al artículo 10 fracción III que establece: Otorgar concesiones y en su caso permisos o autorizaciones para la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes o servicios sujetos al régimen de dominio público.
La adecuación que genera más inquietud es al artículo 21, que en la fracción X establece: cualesquiera otros adquiridos mediante expropiación destinados exclusivamente para un servicio público. Luego en el artículo 50 también se modifica en este caso se amplían los mecanismos para la entrega de concesiones.
Al respecto el fiscalista Adolfo Solís Farías, abogado del Club Campestre, aseguró que una eventual expropiación de este inmueble dejaría sin ingresos aproximadamente ocho mil personas, pues se perderían empleos directos (200) e indirectos (1,800).
“Estamos viendo que a menos de siete meses de que concluya la gestión del mandatario estatal, preparan el tramado legal para eventualmente, expropiar y concesionar un bien público”, expresó el doctor en Derecho Fiscal.
De concretarse, esta situación, no solo habría afectación para los socios, lo más importante, los empleados y proveedores del club se quedarían sin trabajo, eso le “pegaría” al bolsillo de los trabajadores del lugar, quienes tienen más de 20 años prestando sus servicios.
De esta manera, el mandatario estatal estaría faltando a los “principios” de la autodenominada “cuarta transformación” de no mentir, no robar, no traicionar; en este asunto, por lo menos estaría faltando a dos de éstos “mandamientos”.
