• Será por empresarios que “se sentían” por encima de la ley
Por Adán Mondragón
TIJUANA, BC A 25 DE MARZO 2021.- La propuesta del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla de expropiar el Club Campestre de Tijuana es en respuesta a un grupo de empresarios que no pagaban el agua, predial y que habían asumido una actitud de sentirse por encima de la Ley, afirmó el secretario general de gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano.
En una transmisión que hizo en sus redes sociales el funcionario estatal sostiene que, dadas las posturas de los empresarios, el gobernador le ordenó que analizara la posibilidad de expropiar el Club Campestre, lo cual a su parecer es un acto total y absolutamente legal.
“No es un acto contrario a la Ley, es un acto que está en la Constitución, es una especie de compra forzosa cuando hay una causa de interés público, que es más relevante que el interés de un grupo de particulares”, apuntó.
Aclaro que esto no significa que haya una actitud confiscatoria del gobierno del Estado y que en el supuesto caso de que se diera esta acción, no significaría que toda la propiedad privada en territorio bajacaliforniano correría el mismo riesgo.
“Estamos tratando específicamente de una propiedad de un grupo de empresarios que no pagaban el agua, el predial y cuya titularidad de la tierra se ha puesto en duda históricamente y efectivamente, estamos estudiando el tema, lo estamos haciendo con responsabilidad”, aseveró.
Señaló que hay un abogado o empresario que prefirió no mencionar y que lo ha señalado como interesado en la expropiación debido a que tiene un negocio inmobiliario, lo cual negó categóricamente.
“Eso es totalmente falso, es una mentira, una trampa, si se hace la expropiación, tendría que justificarse que es de utilidad pública y en ese sentido, si fuera un negocio inmobiliario privado pues la corte, el poder judicial ampararía y haría nulo ese acto”, aclaró.
“También, este personaje con nombre de fruta, dice que es un expediente que se está haciendo fast track, eso es mentira, tenemos trabajando meses, lo estamos haciendo con una enorme responsabilidad, tratando de cumplir todos los extremos de la ley, buscando que prevalezca el estado de derecho y los procedimientos que establece la Constitución y las leyes respectivas”, acotó.
Indicó que es un tema que en su momento tendrá que decidir el gobernador, una vez que le entregue todo el estudio y el trabajo de análisis que ha hecho.
• Amparo de socios a través del despacho De Hoyos Walther
Sobre el amparo tramitado por miembros del Club Campestre, Rodríguez Lozano, indicó que “como todo lo que hace Gustavo de Hoyos” promueve “medias verdades o medias mentiras” porque “ellos”, dijo siempre están en campaña en contra del gobierno y contra Morena.
Agregó que es normal que cuando se recurre en estos casos al juicio de Amparo de la justicia federal, la mayoría son aceptados para su revisión, pero eso no determina que fallará a su favor e incluso destacó que en el mismo acto, el juez negó la suspensión provisional, porque en ocasiones cuando se solicita este juicio, el juzgador analiza las razones del promovente y determina si suspende el acto de autoridad, lo que no ocurrió en este caso, lo cual no fue expuesto públicamente por Gustavo de Hoyos.
“Ahí se quedaron callados, el juez les dice, no tienes interés jurídico, tu asociado ha demostrado que no tiene interés jurídico en el caso de que hubiera una expropiación y, por lo tanto, les niego la suspensión provisional”, puntualizó el abogado constitucionalista, quien rechazó que exista alguna alteración al padrón del Registro Público de la Propiedad del estado como lo han afirmado.
