Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BC A 14 DE ABRIL DE 2021.- Todavía no se cumple un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó por tierra la pretensión de Jaime Bonilla Valdez de mantenerse en el cargo por cinco años, con una acción calificada por los Ministros como “gran un gran fraude a la constitución”; y como si de festejar el aniversario se trata, el gobierno de Baja California prepara otro acto de dudosa legalidad.
El 11 de mayo de 2020 el pleno de la SCJN resolvió aprobar el proyecto del ministro José Fernando Franco González Salas, con eso invalidó la reforma al Artículo 8 de la Constitución de Baja California. Cambio, que al igual que el campeonato que negoció Bonilla para sus Potros en el invierno de 1988, tiene un desagradable tufo a corrupción.
Admito que no soy experto en derecho, pero de la consulta a quienes sí lo son, queda claro que un proceso de expropiación se inicia cuando la causa de utilidad pública afecta la propiedad privada y no, como sucede con el predio del Club Campestre, en el que la justificación se acomoda al capricho del gobernante.
Utilizando términos beisboleros, que es el deporte favorito del gobernador, Jaime Bonilla es el líder en errores, ponches y el que menos veces llega a la base. ¿Qué parece ser lo que verdaderamente tiene incómodo al gobernador? ¿Por qué enarbola la necesidad de un parque para justificar la expropiación?
Planteo aquí tres hipótesis de la razón para actuar sinrazón:
1.- Que necesita con urgencia algún tema que desvíe la atención pública de la situación de inseguridad que priva en Tijuana sobre todo en la última semana en la que se sumaron asaltos a mano armada que terminaron en fatalidad; oficiales de seguridad heridos por arma de fuego luego de una amenaza pública inédita que un presunto grupo criminal le lanzó en video.
2.- Qué le urge esconder su incapacidad para gestionar recursos federales para aplicarlos en mejorar la infraestructura urbana. Existe un predio enorme en el bulevar Fundadores que puede ser convertido en una obra, de la misma manera que sucedió con el sitio en donde se encuentra la unidad deportiva Margarito Saldaña.
3.- La candidata de su partido a sucederlo, Marina del Pilar Ávila, no fue, en su momento, la persona que a él le convenía. El distanciamiento entre ambos es más que evidente al grado que la alcaldesa y diputada con licencia ni siquiera lo menciona por su nombre, pero en caso de ganar, tendría que cargar con el peso de las malas decisiones de Bonilla Valdez.
Lo que queda claro es que a Bonilla Valdez lo que menos le interesa es respetar la Ley, menos las instituciones y las consecuencias que sus actos acarrean para quienes vivimos en Baja California.
Sus arranques desesperados por justificar su corta estancia al frente del Ejecutivo, significan mayor el perjuicio que el beneficio que sólo él puede observar.
La pretendida expropiación del Club Campestre acarrea incertidumbre entre quienes arriesgan su dinero para crear negocios, es una acción indefendible que ni quienes dicen compartir la ideología de la llamada Cuarta Transformación se animan a pronunciarse a favor, lo más cercano a un respaldo fue una justificación histórica del delegado del Gobierno Federal, Jesús Ruíz Uribe.
Además de la evidente falta de capacidad para negociar las partidas presupuestales, hay que recordar que, en su momento, Arturo González Cruz sí pudo presumir la rehabilitación de 14 espacios públicos entre los que se cuentan la construcción de la Unidad Deportiva en la colonia Reforma y la de El Mirador.
Si utilizamos el catálogo de dichos utilizado por el propio Jaime Bonilla, estamos ante la posibilidad de observar, nuevamente, que un huevo le escurre en la cara.
