Miente Bonilla y falta a los principios de la Cuarta Transformación
Por Adán Mondragón
TIJUANA, BC A 6 DE ABRIL DE 2021.- Uno de los “principios” de la autodenominada cuarta transformación es “No Mentir”, al cual, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha faltado en más de una ocasión; la más reciente se documentó en Esquina 32 en la nota “Bonilla pagó 22.5 mdp por renta de oficinas para la FGEBC” que se publicó el domingo 4 de abril.
En el reportaje se puede observar que el mandatario estatal miente de cara y sin pudor a la sociedad.
Hoy, escudado por las “limitaciones” que el INE impone a los gobiernos de los tres órdenes de gobierno, al impedirles hablar de logros de su gobierno y/o promover programas sociales durante el periodo de campaña -del 6 de abril al 2 de junio-, el jefe del Ejecutivo no ha dado respuesta de lo que podría ser peculado.
La actuación del ejecutivo podría incurrir en varios supuestos del Código Penal de Baja California, como es el artículo 293, fracción V: Cuando teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación pública distinta a aquella que a que estuvieren destinado, o hiciera un pago ilegal. Incluso en el de Peculado, artículo 298 que establece: Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, o por otra causa.
También es probable que encuadre en el delito 305 Uso ilícito de atribuciones y facultades, en su inciso d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos. Así como la fracción IV, El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.
La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP) encargada de vigilar, supervisar las conductas de los servidores públicos, hoy se encuentra acéfala, pues Vicenta Espinosa, extitular de la dependencia, se separó del cargo a mediados de marzo.
Prácticamente Jaime Bonilla, está actuando igual que su antecesor, el panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid, a quien se le acusó de más de una decena de delitos, todos relacionados con la malversación de fondos públicos.
Lo que sucede ahora -y antes también- es que no hay un órgano de anticorrupción, que sea autónoma y que tenga los “dientes” suficientes para sancionar las irregularidades que se cometen desde el ejercicio público, hoy tenemos -y antes también- secretarías de honestidad y función pública -antes llamadas contralorías- que son de ornato, pues no supervisan, mucho menos sancionan.
