Nada por encima de la Ley, acusan a Bonilla de intromisión
Advirtió el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de BC, Eduardo Arredondo Uribe
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA a 18 de abril de 2021 – El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Eduardo Arredondo Uribe, condenó la intromisión del gobierno del estado -bajo el mando de Jaime Bonilla Valdez- en las acciones de la institución autónoma.
El miércoles pasado personal de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública intentó detener a Irineo Romero, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, bajo el supuesto de iniciar una investigación administrativa.
“Los ciudadanos que integramos este sistema estatal nos pronunciamos en contra de cualquier tipo de intromisión y abuso de poder, que afecte su adecuado funcionamiento. Rechazamos que, so pretexto de una “auditoría administrativa”, se atropelle la ley por intereses distintos a los que define la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción: nada por encima de la ley”, dijo Arredondo Uribe.
Se les explicó que la Secretaría de la Honestidad carece de facultades legales para tales fines y se les dio a conocer que, acorde al marco legal, se daría una respuesta por escrito.
No obstante, los funcionarios de la SHFP del Gobierno del Estado irrumpieron el miércoles 14 de abril con policías municipales para intervenir las instalaciones y los libros administrativos de la SESEABC, además de “suspender” al Secretario Técnico so pretexto de realizar la investigación que iniciaron ese mismo día, para apropiarse del modesto centro de operaciones.
Refrendó la importancia de la incidencia de organismos colegiados en la elaboración de políticas públicas, programas y acciones en el combate a la corrupción; porque transparentan la labor de funcionarios y gobiernos.
Además advirtió que no es la primera acción en contra del SEA, ya que con el aval del Poder Ejecutivo se ha pretendido usurpar la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, del Órgano de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, a pesar que en la ley se establece que estos nombramientos se deciden entre los ciudadanos que integramos el Sistema Anticorrupción.
