Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, a 4 de mayo de 2021.- El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, comentó que el Gobierno federal ha demostrado que no tiene la manera de evitar ataques cibernéticos, en referencia al uso de datos biométricos para combatir la inseguridad
El argumento principal de la reforma a la Ley de telefonía móvil para obligar a los usuarios y titulares de las 126 millones de líneas móviles activas en México a otorgar datos biométricos es reducir la cantidad de extorsiones y secuestros, pero la realidad es que la mayoría de estos delitos se inicia en los penales y además la administración pública no es confiable para resguardar esa información.
De acuerdo con lo aprobado el pasado 13 de abril por la Cámara de Diputados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá integrar un padrón con todos los datos incluyendo las huellas digitales, fotografías del rostro y datos detallados del domicilio del usuario.
“El compartir datos biométricos expone la identidad o las identidades de las personas y es un serio peligro, sobre todo porque son actos que solo se viven en países socialistas o dictaduras como en Venezuela, Afganistán y países que han demostrado que ejercen el control ciudadano” señala en entrevista Hernández Niebla.
“Nosotros pensamos que esto es una invasión a la privacidad, que la retórica en materia de seguridad es falsa y que finalmente lo que pretende la autoridad es tener el control de la información personal” esto debido a que no ha realizado acciones como controlar la venta de chips de celulares y las llamadas telefónicas de extorsión que vienen de los penales de ‘alta’ seguridad.
“Entre el 80 y 85% de las llamadas de extorsión salen de los penales, tan sencillo como que autoridades federales pusieran inhibidores de señal en estos penales y te garantizo que por lo menos las extorsiones se reducirían considerablemente”.