Estado podría expropiar 10 hectáreas aledañas al Campestre

Por: Adán Mondragón

MEXICALI, BC A 07 DE MAYO 2021.- La defensa legal del Club Campestre halló elementos que demuestran la intensión del gobierno del Estado de expropiar 10 hectáreas adicionales a este inmueble que son propiedad de vecinos asentados en sus inmediaciones.

El doctor en derecho fiscal, Adolfo Solís Farías representante legal del club informó que este jueves presentó ante la Secretaría General de Gobierno en Mexicali, las pruebas que desestiman y desvirtúan las causas de utilidad pública con las que se pretende justificar la expropiación del Club Campestre de Tijuana.

Detalló que se detectaron inconsistencias graves, entre ellas, que no sólo se pretende expropiar al Club Campestre sino alrededor de 10 hectáreas de vecinos, donde se encuentran escuelas, edificios, casas, comercios y avenidas, principalmente de las calles Mina, Tepic y la Paz.

“Basta checar las coordenadas de la declaratoria de utilidad. No tienen rumbo, no indican desde qué punto parten, no indican grados ni minutos. Además, las coordenadas del predio plasmadas en la declaratoria de utilidad y en el expediente técnico, son diferentes”, refirió.

Aseguró que cuentan con argumentos sólidos que comprueban que no existe posibilidad de llevar a cabo la expropiación debido a las deficiencias técnicas e injustificadas en que se sustenta la causa de utilidad pública, pues el expediente en el que se basaron las autoridades para iniciar este proceso de expropiación, se detectaron 44 causas de improcedencia que en su mayoría están relacionadas con la falta de documentación.

Además, aseguró que hay un impedimento del gobernador para emitir la declaratoria de utilidad conforme el artículo 33 fracción I y III de la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública de BC; que le impide continuar con el procedimiento.

Entre las inconsistencias graves detalló el uso de planos certificados vencidos, sin firma, ni sellos, además de que ni siquiera traen el nombre del responsable y por tanto, no tienen validez; pero lo más grave, destacó, es que no fueron hechos para el predio expropiado, los proyectos traen una leyenda que dice que pertenecen al proyecto de parque Residencial Verona.

“Tomaron los planos de esos proyectos y nada más los pusieron y así se armó el expediente técnico”, sostuvo el fiscalista, quien además refirió que, en cuanto a la propiedad, simplemente agregaron las constancias que les convenía y fragmentaron la información; pues no incluyeron todos los registros de propiedad del inmueble para hacer dudosos los derechos.

“El expediente técnico, carece de un proyecto de obra completo, carece de planos, croquis arquitectónicos y/o levantamientos topográficos para edificar la obra. No acompaña los estudios técnicos previos del proyecto de la obra, ni contiene los estudios de acceso y rutas. No se acompaña el estudio de mecánica de suelo, ni el proyecto arquitectónico, ni estructural, ni sobre ninguna de las instalaciones”, sostuvo.

Detalló además que el expediente técnico tampoco contiene estudios de factibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni de la Comisión Estatal de Servicios Públicos der Tijuana (CESPT), por lo que no se sabe si la cantidad de carga de energía de la zona le permitirá operar al complejo, así como el suministro de agua y el soporte hidrosanitario de descargas de aguas negras.

Insistió que el fundamento que se utiliza en la pretensión de la expropiación ni siquiera está vigente y no se establece la viabilidad presupuestal, mientras que en materia de impacto ambiental se deberá eliminar al menos dos hectáreas de área verde para el estacionamiento, lo que significa que las casas y edificios de esta zona, tendrán ahora como vista, un gran estacionamiento de tierra.

Finalmente, precisó que este dictamen no mide el impacto vehicular, la contaminación, la alteración del aire y del ecosistema, por lo que crear un lago, sin la certeza de que las aguas negras llegarán a la planta de tratamiento; lo hace injustificado, además de que se causa un daño al patrimonio histórico de Tijuana.