Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BC A 12 DE ABRIL DE 2021.- Los tres menores de edad que fueron abandonados ayer por la persona que pretendía ingresarlos de manera ilegal a los Estados Unidos, son mexicanos y de acuerdo con la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, Úrsula Benítez Ortiz, su estado de salud no es óptimo.
Detalló que “los niños ya están bajo nuestra protección, están ingresados en nuestro albergue y abiertos sus expedientes de investigación para conocer más detalles de su caso y pues obviamente ayudarlos; ellos están bien”; por seguridad de los menores su lugar de procedencia y sus nombres no pueden ser revelados.
Los niños, dos mujeres y un varón de 8, 10 y 14 años fueron encontrados al interior de una camioneta tipo panel con placas de California sin la supervisión de un adulto y tras resguardarlos por la policía municipal no hubo familiares que los reclamaran, por lo que fueron presentados a un juez municipal y posteriormente puestos bajo custodia del DIF estatal.
El proceso para la reintegración de los menores a su familia será largo, de acuerdo con la procuradora Benítez Ortiz “iniciamos una investigación para encontrar familiares, lanzamos pesquisas para la búsqueda”; una vez encontrados “serán sometidos a una valoración psicológica, un estudio de trabajo social para saber si son aptos para la reintegración”.
El lunes 7 de junio, una niña de apenas cinco años, de origen guatemalteco fue rescatada por policías de San Diego, California, luego de que adultos la abandonaron sobre el canal del Río Tijuana y la pequeña comenzó a caminar, sola, para internarse en el territorio estadounidense.
Ese día, la menor narró a los oficiales que la rescataron que sus padres viven en Estados Unidos, pero no tiene contacto con ellos, además de que un primo de 7 años se quedó en México con un hombre desconocido.
En un comunicado conjunto, emitido el pasado 14 de marzo, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores; el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reconocieron, sin diseñar una política pública para atenderlo, que en el caso de los menores migrantes no acompañados “es la obligación moral y legal del Estado mexicano velar por su seguridad y garantizar su bienestar”.