Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BC A 2 DE JUNIO DE 2021.- Desde marzo del año pasado, miles de niños han tenido que adaptarse a recibir sus clases a distancia ¿cómo le hacen? Quién sabe. Es un hecho que los nenes y sus papás se han adaptado a la tecnología.
¿Por qué esta exigencia no se aplica a los adultos, funcionarios públicos para presentar su declaración patrimonial?
El pasado 28 de mayo en el Periódico Oficial de Baja California aparece un acuerdo del Gobierno de Jaime Bonilla Valdez firmado por la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa, justificando que todos los funcionarios obligados a rendir cuentas no lo hagan en los términos que establece la ley.
Presentar la declaración patrimonial a través de DeclaraNet fue uno de los temas que calificó como relevantes el presidente de la República durante una de sus mañaneras en 2019, ese día aseguró que en su llamada Cuarta Transformación era importante la transparencia y parte fundamental es conocer el patrimonio de los responsables de administrar el gasto público.
En Baja California, al igual que en el resto del mundo, hemos transitado en el último año a vivir conectados a través del internet para evitar contacto social como método de contención de la pandemia provocada por el virus SARS-COV2, por eso es por lo que no se entiende que algo tan importante como la transparencia no se cumpla “por la pandemia”.
El acuerdo publicado por la administración de Jaime Bonilla nos coloca como una sociedad con un gobierno bananero, incapaz de transitar de la tinta y el papel a los recursos electrónicos. También muestra a plenitud que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública ha servido únicamente para justificar los arranques político-electorales del gobernador.
Cada semana, mientras buscaba ser la candidata al gobierno de Tijuana, la secretaria Vicenta Espinosa aparecía a un lado del director de la empresa Fisa-Mex exhibiendo de manera ilegal a personas que no reciben dinero público, también, unas cuantas ocasiones, aprovechaba para acusar a los gobernantes anteriores de haber sido corruptos, aunque en ninguna de sus denuncias ha prosperado.
Las declaraciones de situación patrimonial de los funcionarios públicos han permitido cuestionarlos, ¡recuerda Jaime Bonilla mantenía esa confrontación inútil con el alcalde de Tijuana y resulta que en su declaración patrimonial el gobernador tenía un predio a su nombre con 20 años sin pagar el impuesto predial?
Por las circunstancias que nos ha tocado vivir desde que apareció el primer caso de COVID-19 en Baja California, resulta ilógico que mientras todos hemos transitado hacia una vida cibernética a quienes tienen la responsabilidad de cuidar el dinero de todos se les justifique no rendir cuentas debido a la pandemia.
Es insultante para la sociedad que los funcionarios públicos: que presuntamente son gente preparada y capaz que ganan bien y no tendrían ningún pretexto para no contar con los recursos suficientes para conectarse a internet aleguen que por la pandemia no pueden cumplir con una obligación primordial que es la de presentar su declaración patrimonial.
En el acuerdo publicado y firmado por la secretaria Vicenta Espinosa, solo lo entiendo por dos razones:
1).- Tenemos funcionarios públicos incapaces por eso, no pueden hacer algo tan simple como conectarse a internet y llenar una forma.
2).- Es para favorecer a alguien en la administración pública que está haciendo mal uso del dinero de todos nosotros.
¿Encuentra usted otra causa?…
