Congreso morenista “solapa” irregularidades de legislatura panista

Adán Mondragón

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 4 DE JULIO DE 2021.- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que el Congreso de Baja California en el ejercicio fiscal 2019 se excedió en el límite de asignación de presupuesto de “servicios personales”, por un monto de 29 millones 548 mil 482.81 pesos.

Así lo revela la auditoria de cumplimiento: 2019-G-02000-19-0495-2020 // 495-GB-GF de la ASF, en la que detalla que el Congreso de Baja California asignó en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 recursos para servicios personales por un monto de 376,237.3 miles de pesos, que es mayor al límite establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, conforme al cálculo para servicios personales de 326,887.2 miles de pesos.

Dichas observaciones corresponden al último año (31 de julio 2019) de la XXII Legislatura, integrada por mayoría panista y el inicio (1 de agosto de 2019) de la XXIII Legislatura de mayoría morenista.

Sin embargo, en la sesión ordinaria de la XXIII Legislatura del 30 de junio del 2021, los legisladores aprobaron por mayoría el dictamen 272 por el que se aprueba la cuenta pública anual del Poder Legislativo por el ejercicio fiscal del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

Previamente, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el 23 de junio del 2021 también aprobó por unanimidad (seis votos) el dictamen 272 entregado por la Auditoria Superior del Estado (ASEBC) de Baja California.

En el documento TIT/693/2021 la ASEBC emite “opinión favorable” correspondiente a los ingresos, egresos y Patrimonio de la Auditoria Superior del Estado de Baja California, además que no se hace mención de las observaciones hechas por la ASF.

Cabe mencionar que la XXII Legislatura de mayoría panista fue quien aprobó –en sesión extraordinaria el 8 de julio- la iniciativa por la que se reformó el octavo transitorio de la Constitución política de Baja California, conocido también como “Ley Bonilla”.

Con esta modificación el gobernador Jaime Bonilla, iniciaría su periodo de gobierno el 1 de noviembre del 2019 y concluiría el 31 de octubre del 2024. Luego, el 11 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dicha modificación y la calificó como un fraude a la constitución.

En esa sesión extraordinaria del 8 de julio los 22 presentes diputados votaron por cédula –en secreto- solo el panista Miguel Antonio Osuna Millán se pronunció en contra de dicha modificación. La aprobación se dio 21 votos a favor, uno nulo.

Los diputados presentes fueron los panistas: Iraís Vázquez Aguiar, Carlos Torres Torres, Alfa Peñaloza Valdez, José Felix Arango Pérez, Mónica Hernández, Raúl Castañeda Pomposo; Andrés de la Rosa Anaya, Sergio Tolento Hernández.

Los priistas: Alejandro Arregui Ibarra, Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Blanca Patricia Ríos López. Así como la petista Claudia Josefina Agatón Muñiz, la perredista Rocío López Gorosave, los morenistas Catalino Zavala Márquez y Víctor Manuel Morán Hernández.

Además de los diputados: Victoria Bentley Duarte, José Antonio Casas del Real, Job Montoya Gaxiola, Maria Trinidad Vaca Chacón.

En una segunda parte, los detalles de los lugares que hoy ocupan en la política, o fuera de ella los diputados que estuvieron en la XXII Legislatura y los nombres de los diputados que aprobaron la cuenta pública aún con las observaciones detectadas por la ASF.