Bonilla busca transar desde cualquier resquicio de la administración pública

Por: Adán Mondragón

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 10 DE AGOSTO DE 2021.- Al gobernador Jaime Bonilla Valdez le importa nada el recrudecimiento de la violencia que se vive en Baja California desde el inicio de su “minigestión”; está enfocado en trazar la ruta para seguir transando desde cualquier resquicio de la administración pública.

Por eso la necedad de trasladar a los municipios las comisiones del agua; si bien ejerce un dominio absoluto sobre Armando Ayala, alcalde de Ensenada y Araceli Brown, alcaldesa de Playas de Rosarito, con los alcaldes de Tijuana –Karla Ruiz Macfarland-, Tecate –Zulema Adams- y Mexicali –Lupita Mora- se topa con mujeres de carácter.

Jaime Bonilla, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -el 11 de mayo- le negó -con la Ley en la mano- la ampliación de su periodo de gobierno de dos a cinco años, enfureció y se dedicó a fustigar a sus adversarios políticos.

Está tan afectado, que últimamente se ha dedicado a presumir encuestas –obviamente pagadas por él- que lo ubican dentro del “Top5” de los gobernadores del país, vaya narcisismo del señor.

El señor se veía gobernando Baja California por cinco años, la SCJN lo aterrizó a la realidad, desde entonces busca el desquite, so pretexto de hacer cumplir la Ley, extorsiona empresarios vía Fisamex y lo presume en sus transmisiones matutinas.

Es muy probable que Jaime Bonilla quiera imponer a incondicionales en los organismos municipales del agua para seguir transando desde ahí, porque es evidente que lo que menos le importa es el bienestar social.

Seguramente, la SCJN de nueva cuenta le va a corregir la plana a los Legisladores de la XXIII Legislatura y dejarán sin efecto la “reforma” a la Ley del Agua las comisiones estatales de servicios públicos seguirán con la operación del suministro de agua.

El fin de semana, en una de sus transmisiones Bonilla Valdez amenazó con seguir difundiendo sus “editoriales” en redes sociales; señal de que no le preocupa que entregará el Estado en “llamas”.