Delegado de Bienestar en Tijuana asesora en horas hábiles a gobernadora electa
En horario laboral, el funcionario federal participó en una reunión de transición en la capital del estado, mientras en oficinas a su cargo, había una protesta.
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 19 DE AGOSTO DE 2021.- Mientras que el delegado de la oficina del Bienestar en Tijuana, Gilberto Herrera Solorzano, participaba en una reunión -en horario laboral- con la gobernadora electa y su equipo de transición, en las oficinas federales se realizó a una protesta contra el funcionario federal.
Los exservidores de la nación, hicieron señalamientos contra Gilberto Herrera, a quien acusaron de ser un corrupto y lo acusaron de despido injustificado, por lo que exigieron su renuncia y la presencia de funcionarios de oficinas centrales que solucionen sus demandas por las que encadenaron las puertas de la delegación federal en Tijuana.
Al respecto, Herrera Solorzano, reconoció ser asesor de la política social de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que estuvo presente en la reunión de transición de la gobernadora electa, Marina del Pilar Avila Olmeda, que se desarrolló este miércoles en Mexicali.
“Solo estoy apoyando con asesoría para temas de política social, mi actividad principal es representar al Gobierno de México en Tijuana y ahí está toda mi atención”, respondió al ser cuestionado si no es inmoral, ocupar dos cargos.
En cuanto a protesta que realizaron los ex servidores de la nación, sostuvo que no tienen calidad moral de hacerlo, pues dijo que fueron despedidos debido a que realizaron actividades proselitistas, además de que hay denuncias laborales documentadas contra ellos.
“Están vinculados a Jorge Hank Rhon, ex candidato a la gubernatura, además de tener graves denuncias laborales por acoso sexual, de violencia intrafamiliar y discriminación en los que fueron sus responsabilidades”, aseguró Gilberto Herrera.
El responsable de las oficinas de Bienestar Federal en Tijuana, agregó que también se les despidió por mal trato a adultos mayores, lo cual fue documentado en sus respectivos expedientes.
Indicó que, si bien tienen el derecho de manifestarse de manera pacífica, la dependencia federal no permitirá que le quiten el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a los programas para el desarrollo social.
