Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 17 DE AGOSTO DE 2021.- A 75 días de que concluya su “mini-administración” a Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, se le nota la desesperación por sentar las bases de la transferencia de las comisiones del agua a los municipios.
Y es que por más que el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano y el propio gobernador Jaime Bonilla, se esfuercen en hacer creer que es un hecho, la realidad es distinta.
Además de que se promovieron acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir este decreto; solo dos ayuntamientos –Ensenada y Rosarito- han firmado las transferencias.
En Tecate, la alcaldesa Zulema Adams, no están de acuerdo con el asunto, en Mexicali, la alcaldesa, Lupita Mora y el cabildo lo rechazaron; en Tijuana, la alcaldesa Karla Patricia Ruiz Macfarland, no ha abordado el tema.
Sin embargo, Jaime Bonilla, de la mano de Amador Rodríguez Lozano y otros “funcionarios” se han encargado de presionar y comprar conciencias para “formalizar” la transferencia de la comisión de Tijuana.
Lo hacen violentando las reglas señaladas en el Decreto 289, que aprobó la XXIII Legislatura en una de sus últimas sesiones. En el caso de Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe, contarán con un año para la creación de su organismo paramunicipal.
En el transitorio tercero del Decreto en mención, se establece que dentro de los seis meses siguientes luego de la entrada en vigor; los municipios (Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate) deberán expedir las normas, reglamentos, necesarias para la armonización normativa, en tanto no se expidan seguirán rigiendo las normas estatales.
Hay quienes afirman que hay dos vías para terminar con este asunto tan polémico; con una derogación del Decreto 289 por parte de la próxima gobernadora Marina del Pilar o esperar la resolución de la SCJN.
