Acuerdo de cabildo de hace ocho años, trasgrede el estado de derecho: Fiscalista
La tarde del martes fue publicado en el periódico oficial del estado el punto de acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Tijuana de hace ocho años en el que se autoriza la municipalización de los servicios de agua
Por: Lourdes Loza Romero
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 4 DE AGOSTO DE 2021.- La publicación de un punto de acuerdo aprobado por el Cabildo de hace ocho años, transgrede al estado de derecho, afirmó el fiscalista Adolfo Solís Farías.
La tarde del martes se publicó en el periódico oficial del estado el punto de acuerdo aprobado recientemente por el Cabildo de Playas de Rosarito que avala la creación de un organismo municipal para la administración de los servicios de agua potable. En la misma edición, se incluyó otro punto de acuerdo presentado por el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, pero que fue aprobado hace tres administraciones municipales.
“La publicación lo que trata de hacer valer es que la municipalización ya estaba aprobada, cuando la solicitud y el decreto que presentó el Ejecutivo es de fecha reciente y se requería una votación reciente por el Cabildo actual y vigente”, destacó el abogado en derecho fiscal.
“No se puede permitir bajo ninguna circunstancia que un Cabildo que había solicitado una transferencia en el pasado, tenga validez sobre las normas y reglas actuales. Estamos viendo como la institucionalidad se pone en riesgo, el estado de derecho se vulnera y como se puede manipular la información con el propósito de eludir procedimientos reglas y formalismos que establece la ley”, explicó Solís Farías.
Para que la creación de las entidades municipales reguladoras de agua sea oficial, se requiere por lo menos la aprobación de tres de los cinco cabildos actuales.
Los regidores del Ayuntamiento de Ensenada presentaron un punto de acuerdo para promover una controversia contra la iniciativa del gobernador, el Ayuntamiento de Tecate tampoco aprobaría la iniciativa, mientras que el de Rosarito lo aprobó en una sesión reciente.
“Es un retroceso y en particular representa una agresión a la seguridad jurídica de todos los bajacalifornianos. Ojalá que esto sirva para la reflexión de la sociedad, que se reivindique el actuar del gobierno municipal y deje sin efectos esta publicación que a todas luces es inconstitucional”, puntualizó el fiscalista.
