Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- A raíz de la “invasión” del estacionamiento del ex centro de gobierno, el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, publicó un acuerdo administrativo de asignación parar entregar los 7, 425.02 metros cuadrados para uso de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
El predio en mención, fue tomado por integrantes de la asociación pro parque “Benito Juárez” y un frente de resistencia civil denominado “Sabino Arellano”, incluso está siendo reforestado.
La vigencia del acuerdo emitido por la Secretaría General de Gobierno (SGG), es por dos años y se aclara que el lugar será utilizado única y exclusivamente para la operación del Centro Universitario de Educación en la Salud (CUES).
Se explica que si dentro del periodo de dos años, el inmueble no fuese destinado para los fines señalados o se le dieran un uso distinto al descrito sin previa autorización del Ejecutivo del Estado, se podrá revocar la asignación.
Por tanto, la UABC tendrá a su cargo el cuidado, vigilancia, conservación y mantenimiento del inmueble, asimismo, está obligado a enviar cada seis meses a la Oficialía Mayor un informe escrito detallando el uso y condiciones del inmueble.
Apenas del 18 de marzo del 202, el Ejecutivo estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado en un número especial, el acuerdo de cambio de destino del Centro de Gobierno a la UABC.
En dicho documento se establece que las que fueron oficinas del gobierno del estado, ahora serán de manera vitalicia instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Es preciso mencionar que el acuerdo administrativo de asignación se firmó el pasado 16 de agosto y publicado apenas el pasado 17 de septiembre del 2021.
Cabe mencionar que el último párrafo del artículo 11 de la Ley de Entrega y Recepción para el estado de Baja California, detalla… Durante el periodo de noventa días previos al inicio del gobierno estatal o municipales entrante ninguna unidad administrativa de un gobierno saliente podrá otorgar concesión o permiso alguno sobre bienes propiedad del Estado o de algún municipio.
