Armando Ayala podría ser destituido e inhabilitado hasta por 20 años
La solicitud de juicio político fue aprobada ayer en la sesión de Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 5 SE OCTUBRE DE 2021.- El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, podría ser destituido e inhabilitado hasta por 20 años, si así se resuelve en el juicio político que promovieron ex regidores de su Cabildo tras la creación del organismo municipal regulador del agua.
El juicio político promovido en contra del Presidente Municipal y su secretario de gobierno, José Rubén Best Velasco, ya se encuentra en su etapa inicial, además, de que está sujeto a la aprobación del pleno de la XXIV Legislatura, luego de que fuera creado el órgano municipal “Agua y Saneamiento de Ensenada”.
Autoridades de consultoría legislativa del Congreso de Baja California, detallaron las etapas por las que tiene que transitar la solicitud de juicio político contra los servidores públicos ensenadenses.
En primer término, este 4 de octubre los integrantes de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, dieron entrada al dictamen para la solicitud de juicio político, con seis votos a favor y uno en contra.
Para proceder, el dictamen tendrá que ser aprobado en el pleno, bastaría con mayoría simple y en caso de aprobarse se nombra a una Comisión Instructora de cinco diputados que debe incluir al presidente (María del Rocío Adame) y secretario (Dunnia Monserrat Murillo) de la comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional, además de tres diputados de diferentes fracciones parlamentarias.
Dicha comisión instructora, tendrá un término de tres días para notificar a los señalados (Armando Ayala y José Rubén Best), quienes, a su vez, tendrán siete días para responder por escrito.
Posteriormente, viene un periodo o etapa de prueba de 30 días, donde ambas partes, denunciada y denunciante, otorgan cada una las pruebas que considere necesarias, luego viene una etapa de Instrucción, mediante la cual se reúnen los diferentes elementos para armar el expediente.
Una vez que concluya este proceso, se abre la etapa de alegatos, de 15 días, para que luego, la Comisión Instructora presente finalmente un dictamen, donde se determina si hay una sanción o si no hay nada qué perseguir.
Dicho dictamen, será sometido al pleno de la XXIV Legislatura; en caso que se determine una sanción, esta puede ser administrativa, penal e inhabilitación hasta por 20 años, según el artículo 93 de la Constitución Política para el Estado de Baja California.
