Comisión de Recursos Hidráulicos se reunió con el gobernador de Baja California

Por Adán Mondragón

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 27 DE OCTUBRE DE 2021.- La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presidida por el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena), se reunió con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para conocer el Programa de Recuperación de Adeudos de Agua de la entidad federativa.

En la primera reunión temática de la instancia legislativa se presentó el “Caso de éxito del cobro de agua en Baja California”, donde el diputado Muñoz Álvarez señaló la relevancia de ordenar el sector del agua, porque de las 168 mil 700 concesiones que tiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el país, sólo se miden 30 mil y no lo hacen correctamente y otras 138 mil 700 no se miden.

Por ello, puntualizó la necesidad de replicar el Programa de Recuperación de Adeudos de Agua de Baja California para identificar las irregularidades en el sector, como se ha hecho en esa entidad, pudiéndose recuperar entre 34 a 40 mil millones de pesos el próximo año.

Además, reconoció que Baja California ha asumido esta iniciativa de ser un ejemplo. “Se requiere convocar a los alcaldes y gobernadores que tienen servicios estatales de agua como Sonora. Querétaro, Nuevo León y Baja California”.

Planteamientos de las y los diputados

Por el PT, la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero criticó que empresas transnacionales evadan la responsabilidad de pagar el consumo de agua y que en un marco de corrupción los organismos operadores del recurso se conviertan en la “caja chica” de gobiernos estatales y municipales. Pidió atender este servicio con honestidad.

De Morena, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana reconoció la labor de Baja California por atender la distribución del agua y obtener ingresos importantes ante la carencia del líquido. “Es un crimen no cobrarla” a empresas que ganan sin aportar a las regiones donde están asentadas, afirmó.

De la misma bancada, el diputado Francisco Javier Borrego Adame comentó que este modelo se puede convertir en la ruta para que las regiones generen recursos, a fin de hacer obras hídricas en los ejidos y beneficiar a la gente más pobre “sin colores partidistas”. Propuso que la Comisión realice reuniones con los gobernadores y presidentes municipales para plantearles este mecanismo.

Por el PVEM, el diputado Tomás Gloria Requena destacó la decisión de exigir el pago por el consumo de agua. ¿Cómo ordenamos a los ayuntamientos y estados? Porque algunos regulan el recurso para tener control político. Todas las juntas de aguas están “tronadas”, se debe legislar en la materia y evitar que se conviertan en las “cajas chicas” de los alcaldes y en muchas regiones hasta de la delincuencia organizada. Solicitó olvidarse de colores partidistas y asumir responsabilidades.

De Morena, el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez reconoció los logros del programa implementado en Baja California para cobrar el servicio de agua potable a grandes empresas que no pagaban y se han dedicado a sangrar los recursos, pese a que 12 millones de personas a nivel nacional no tienen acceso al líquido. Destacó la necesidad de atender el saneamiento por la contaminación que se registra.

De la misma bancada, la diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, afirmó que los resultados de este modelo denotan el compromiso y es ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien, con transparencia, con una visión de servir y trabajar por los demás.

El alcalde de Los Cabos, Baja California Sur, Óscar Leggs Castro, pidió acabar con el “aguachicoleo”. Destacó la necesidad de recuperar la cartera vencida hídrica que asciende a mil 411 millones de pesos y poner orden. Las concesiones en el municipio están acaparadas y se requiere agua urgente para la población.   

“Caso de éxito del cobro de agua en Baja California”

Durante la presentación del Programa de Recuperación de Adeudos de Agua, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, apuntó que la escasez del recurso es muy preocupante, porque cuesta entre mil a mil 200 millones de pesos al año transportar el líquido a través de acueductos. “Tremendo reto” que exigió revisar el funcionamiento del sector.

“Nos dimos cuenta que había un gran abuso no de la sociedad, sino de empresas internacionales que por muchos años nunca pagaron los derechos de conexión, no pagaban la tarifa que debieran por el consumo o no pagaban, incluso tenían tomas clandestinas, pero cotizan en el mercado de valores y nadie se metía con ellos”, explicó.

El estado, dijo, se quedaba sin ese recurso, por lo que se revisó el esquema del agua, caso por caso para detectar las irregularidades y en el marco de la ley se reportaba a las empresas a la Función Pública.

Afirmó que lo valioso es el resultado y el cobro que se realizó. Refirió que si las y los diputados, junto con las entidades, podemos convencer a los gobernadores que se apliquen a cobrar lo que realmente consumen las empresas, resolvemos el 80 por ciento de los problemas financieros de los estados.

Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública del gobierno de Baja California, explicó que se revisaron los dictámenes sobre conexiones de agua legadas por la administración anterior y se observó un área de oportunidad para recuperar los recursos, porque era dinero que debió haber ingresado hace mucho tiempo.

Aseguró que se sigue dialogando en mesas de trabajo y no se ha dejado de lado el derecho que tienen las compañías a ser escuchadas y recibir información para aclarar su situación; ellas han aceptado que sí deben, que no han pagado lo correcto y en su momento, no se les dijo cuánto debían pagar al cobijo de la corrupción por algún funcionario, por lo que hay investigaciones al respecto.

Como ejemplo, refirió, que a Tijuana se han dictaminado 3 mil 227 empresas que suman cuatro mil 903 millones de pesos. Se han recuperado mil 359 millones de pesos, equivalente al 27.72 por ciento, quedan pendientes tres mil 500 millones de pesos por captar, es decir, el 72.88 por ciento.

Manuel García Soto, director de Fisamex, firma que realizó el monitoreo de conexiones de agua potable, estimó que de las 168 mil concesiones industriales y comerciales que hay en el país se pueden recuperar más de 25 mil millones de pesos anuales.

Agregó que 30 mil concesiones existentes tienen medidor, pero no pagan correctamente y los demás cubren el volumen concesionado y son hasta tres veces sobreexplotados.