Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.- En la administración de Jaime Bonilla Valdez se registraron irregularidades en el manejo de recursos públicos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó un probable daño a la hacienda pública y montos por aclarar por más de 4.7 millones de pesos.
La auditoría de cumplimiento 504-GB-GF arrojó que el gobierno de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no cumplió con el principio de sostenibilidad, ya que al final del ejercicio fiscal 2020 y bajo el monto contable devengado generó un balance presupuestario “negativo”.
Del informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2020, 504-GB-GF, se originaron acciones por un monto pendiente de aclarar que asciende a un millón 328 mil 250.00 pesos.
Los recursos se presupuestaron para el ejercicio fiscal 2020 en la partida 79101 Contingencias por Fenómenos Naturales por 1, 328.2 miles de pesos, sin embargo, a la fecha de la auditoría no fueron aportados los recursos.
Por otra parte, en la auditoría de cumplimiento 505-DE-GF “distribución de las participaciones federales”, se detectó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 3 millones 443 mil 814.00 pesos.
Lo anterior por la entrega extemporánea de participaciones a los municipios del estado, sin que se hubieran pagado los rendimientos respectivos en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cabe mencionar que Lupita Mora, Zulema Adams y Arturo González Cruz, exalcaldes de Mexicali, Tecate y Tijuana (respectivamente), denunciaron públicamente la retención de participaciones federales.
Además, Arturo González Cruz, hoy diputado federal, ayer presentó una iniciativa en la cámara de diputados para evitar que las participaciones federales sean entregadas a capricho de los gobiernos estatales y cumplan cabalmente la Ley de Coordinación Fiscal.
