Por Gabriela Martínez
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.- Policías estatales y municipales llegan a esta frontera desplazados por el crimen organizado para pedir asilo en Estados Unidos; en estados como Guanajuato, Guerrero, Michoacán e incluso algunos municipios –Tecate y Playas de Rosarito- de Baja California, los oficiales aseguran que los carteles tienen el control del territorio.
Alicia, como prefiere ser identificada, fue una custodia del Sistema Penitenciario en un poblado de Michoacán, en donde los mismos internos le pedían que les permitiera el ingreso de drogas, equipo celular u otras libertades.
Aunque desde hace meses dejó su cargo como servidora pública, ahora se ha convertido en un número más en la lista de miembros de los cuerpos policiacos que han dejado su lugar de origen para huir de la violencia.
“El problema es que ellos (los internos) se sienten con la seguridad de ordenarte y eso es porque alguien más ya lo hizo, entonces cuando uno les responde que no, ya no lo entienden”, explica la joven desde un albergue para migrantes que la recibió mientras inicia su proceso de asilo, “desgraciadamente ser policía en un lugar así es una sentencia de muerte”.
Alicia llegó a Tijuana desde hace unos días. La acompaña su madre, su hermano, sus hijos y un sobrino, todos tuvieron que dejar el sitio donde crecieron y vivieron durante décadas para poder sobrevivir, pero en el caso de ella también renunció al trabajo que, dice, era su vocación.
“Solo hay dos opciones o eres parte de ellos o te matan”, describe la joven que no rebasa ni los 25 años, mientras describe los horrores de vivir en un pueblo controlado por un cartel de droga toma su celular y observa algunas de sus fotografías donde aún portaba el uniforme de la institución y cargaba con su arma, debajo del sobrero que usaba apenas y se asoman sus ojos verdes.
Duró solamente dos años como servidora pública, en enero de 2021 cuando recibió advertencias por no responder a las peticiones de los internos decidió renunciar, pero aún fuera del Sistema Penitenciario la violencia la persiguió hasta que el grupo criminal que operaba en su comunidad la privó de su libertad junto con su hermano para darles una segunda opción: ser parte del cartel.
“Nos dijeron que nos iban a enviar a un lugar para reclutarnos”, cuenta Alicia para luego estallar en llanto, mientras su hermano que la acompaña solo baja la mirada e intenta no recordar, “nos prometieron dinero y seguridad ¿Cómo dices que no si te están apuntando con un arma?”.
Ambos, Alicia y su hermano Gregorio, prometieron trabajar para ellos, durante un tiempo vivieron en la misma casa de siempre y esperaban ser llamados para ser entrenados, como se los habían ordenado, pero en ese mismo tiempo la familia planeó escapar vía aérea. No tenían confianza en salir por tierra, sabían, dijo, que en cualquier momento los podían interceptar en la carretera.
Ahora que toda la familia pudo salir de Michoacán esperan, al igual que otros policías de diferentes estados, a que inicie su proceso de asilo en Estados Unidos, ninguno confía en la autoridad de su entidad pues, lamenta, son ellos mismos quienes permiten que esos grupos controlen su comunidad en completa impunidad.
