Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 27 DE DICIEMBRE DE 2021.- A pesar de que Baja California es uno de los estados con más víctimas de mujeres asesinadas y personas desaparecidas, Jaime Bonilla Valdez gastó 11.3 millones de pesos en vigilancia de edificios públicos en su primer año de gestión y sólo cinco millones de pesos en el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM).
En los 24 meses de gobierno del morenista, en Baja California se cometieron cuarenta y nueve feminicidios, el 65 por ciento de estos se registraron durante el 2020; en este mismo periodo familiares de personas desaparecidas, denunciaron un deficiente apoyo gubernamental para realizar operativos de búsqueda.
De acuerdo con el reporte “Víctimas de Delitos” 2020 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los 32 feminicidios cometidos el año anterior, diez de estos fueron cometidos con arma de fuego, siete con arma blanca y 13 más con objetos no especificados.
El resto de los feminicidios cometidos en el estado, fueron: uno en diciembre del 2019, mientras que otros dieciséis se registraron entre enero y octubre de 2021, según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Cabe mencionar que de enero a noviembre del 2020 se cometieron 281 asesinatos de mujeres; un promedio de 15.21 mujeres víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil mujeres.
Esta cifra de mujeres víctimas de homicidio doloso, coloca a esta entidad fronteriza en el segundo lugar nacional con más casos y en el primer lugar nacional con casos de mujeres asesinadas por cada cien mil habitantes.
A su vez, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas criticaron a las autoridades estatales por la falta de apoyo económico para realizar operativos en sitios donde se presumía había fosas clandestinas.
En ese sentido, colectivos como “Una Nación BuscandoT”, “Todos Somos Erick Carrillo”, “Unidos por los Desaparecidos de BC”, “Familias Unidas Contra la Impunida”, entre otros, se quejaron en varias ocasiones del deficiente apoyo gubernamental. Se estima que del 2007 a la fecha en esta entidad fronteriza hay más de mil 100 personas no localizadas.
En medio de la pandemia, el gobierno estatal encabezado por Jaime Bonilla Valdez, destinó 11.3 millones de pesos para la vigilancia de edificios públicos en los (ahora) siete municipios de Baja California.
Por adjudicación directa, Jaime Bonilla entregó a Seguridad Integral de Sonora (SIS) y Valet Personalizado en Custodia Empresarial (VAPE), contratos por 5.7 millones y 5.5 millones de pesos, para la vigilancia de las oficinas gubernamentales.
La contratación fue para el periodo del 19 de abril al 31 de diciembre del 2020, es decir, casi ocho meses y medio de servicio, por lo que se destinaron casi 1.4 millones de pesos por mes para la vigilancia de edificios públicos.
En el contrato firmado el 18 de abril del 2020 se detalla que a la empresa SIS se le asignó el cuidado de 27 edificios públicos de Mexicali y San Felipe, mientras que a VAPE sólo 20 recintos estatales ubicados en Tijuana, Tecate, Ensenada y Rosarito, entre ellos el Consorcio Tecnológico (IMOS).
En la revisión hecha el presupuesto de egresos 2020 del Ejecutivo estatal, se observa que se presupuestaron cinco millones de pesos para el funcionamiento del Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM) y sólo 638 mil 531.68 pesos para la Comisión Local de Búsqueda.