Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 25 DE ENERO DE 2022.- Irma Lorena Tovar Cardona, migrante originaria de Honduras, fue retornada a México en 2021 luego de haber presentado su solicitud de asilo en una corte de San Antonio, Texas.
Pese a estar bajo el esquema del Protocolo de Protección a Migrantes, o MPP por sus siglas en inglés, no ha tenido una respuesta y no sabe qué va a pasar con ella y sus cuatro hijos menores de edad.
En Tijuana lleva más de un año esperando saber qué va a pasar con su caso, porque cuando fue retornada no le dieron ninguna explicación, ni un documento o citatorio posterior, y tampoco le dieron opción de argumentar el caso por el que salió de su país; amenazas por el crimen organizado de que trabajara con ellos vendiendo drogas y reclutando personas.
Dice no sentirse desilusionada, pues sus hijos son su motivación para un día poder cruzar al país vecino y poder trabajar para brindarles mejores estudios, es el sueño también de sus hijos, quienes tienen esa ilusió, desde hace más de cuatro años que salieron de su país.
Mientras su caso se resuelve, ella vive en un albergue de la ciudad, esperanzada a que un día se pueda reencontrar con su mamá, que ya vive en San Diego, y resalta que “no me tengo que decepcionar porque tengo motivos y la fe en Dios de poder cruzar y darles una mejor vida a mis hijos”.
Esta situación viven decebas de migrantes que fueron retornados a México, luego de intentar solicitar el asilo humanitario a Estados Unidos durante los últimos años de la administración de Donald Trump, para cual se instalaron dos refugios o centros integradores del migrante, uno en Ciudad Juárez y otro en Tijuana.
Apenas la semana pasada el gobierno de Estados Unidos, ahora dirigido por Joe Biden, anunció que retomó el MPP desde el pasado mes de diciembre, por lo que siguen retornando a los solicitantes de asilo.
