Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 22 DE FEBRERO DE 2022.- En la Fiscalía General del Estado (FGEBC) de Baja California, se simuló la compra de armas, cargadores y chalecos antibalas en la gestión de Guillermo Ruiz Hernández, quien fungió como titular de la dependencia de 2019 hasta diciembre del año pasado.
La auditoría 521-GB-GF practicada por la Auditoría Superior de la Federación, revela que hay un probable daño a la hacienda pública y montos por aclarar por 4 millones 554 mil 657.12 pesos.
Entre las irregularidades no atendidas por la Fiscalía, se encuentra la solicitud de aclaración de la adquisición de 40 pistolas, 58 cargadores para pistolas, 44 cargadores para pistolas, 144 cargadores para fusil y 236, 000 cartuchos de diversos calibres.
De acuerdo con la ASF, a la fecha de la auditoría, no se cuenta con la factura que justifique y compruebe el gasto realizado, y los bienes no fueron entregados por la SEDENA al Gobierno del Estado de Baja California, y no fueron reintegrados los recursos al Gobierno del Estado de Baja California, ni a la TESOFE (Tesorería de la Federación).
También se presume un posible daño a la hacienda pública por 1, 554, 972.80 ( un millón quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos, por la adquisiciones no comprobadas.
En este caso se trata de la adquisición de 56 chalecos balísticos adquiridos mediante el contrato No. OM-INV-ADQ-FASP-014-2020BIS; 48 baterías para terminal portátil y 46 baterías para terminal portátil, los cuales fueron adquiridos mediante el contrato No. DAD-FASP-FGE-15-20; 190 baterías para terminal digital y 19 baterías para terminal digital, adquiridos mediante el contrato No. DAD-FASP-FGE-23-20, de los que no se proporcionó la evidencia suficiente que permita validar su existencia física, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, entre otros.
El fiscal general, Guillermo Ruiz, estuvo al frente de la fiscalía desde el primero de noviembre del 2019 al 10 de diciembre del 2021, al concluir la gestión de su compadre, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
