Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 5 DE MARZO DE 2022.- El gobierno estatal presentó una denuncia contra al menos siete exfuncionarios estatales que con el pretexto de la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, firmaron un contrato lesivo para las finanzas del estado; previamente 19 diputados locales, hoy algunos en la función pública abrieron la “puerta” para la firma de ese documento.
Los diputados de la XXIII Legislatura que el 16 de julio del 2020 le aprobaron al Ejecutivo, encabezado en ese momento por Jaime Bonilla, la autorización para firmar el contrato con una empresa para la generación de energía, hasta por 30 años son:
Montserrat Caballero, hoy alcaldesa de Tijuana, Elí Topete, hoy coordinador de gabinete en el gobierno municipal de Tijuana; Miguel Ángel Bujanda, hoy secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Tijuana.
Además, Claudia Agatón, Julio César Vázquez, Julia Andrea González, Ramón Vázquez, Juan Manuel Molina, Víctor Navarro, estos seis diputados, continúan en la actividad legislativa en la XXIV Legislatura.
Los legisladores que votaron a favor, en contra o abstención y siguen activo son: Araceli Geraldo (abstención) continúa como diputada, Gerardo López (en contra) hoy secretario del bienestar en Tijuana, David Ruvalcaba (en contra) hoy es regidorpor el PRI en Tijuana, Miriam Cano (a favor) y Rosina del Villar (a favor), ambas hoy funcionarias estatales, Fausto Gallardo (a favor) hoy diputado federal por el Partido Verde.
El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, declaró ayer que se estima que el daño a las finanzas públicas del estado, derivado del contrato del ejecutivo con la empresa Next Energy, sería por el orden de los 12 mil millones de pesos.