Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 22 DE MARZO DE 2022.- Sabedores de la ambición desmedida de Jaime Bonilla por conseguir dinero fácil, los diputados de la 23 legislatura de Baja California, tendrían que explicar el por qué entregaron un “cheque en blanco” al morenista cuando ejerció como gobernador del estado.
En sesión extraordinaria del 27 de noviembre del 2020, 16 legisladores, entre ellos: Monserrat Caballero, Miguel Ángel Bujanda, Elí Topete, Josefina Agatón, Efrén Moreno, Julio César Vázquez, Ramón Vázquez, Julia Andrea González, Miriam Cano, Fausto Gallardo.
Además de María Luisa Villalobos, Eva Rodríguez, Víctor Morán, Evangelina Moreno, María Trinidad Vaca, y Juan Manuel Molina, le abrieron la puerta a Jaime Bonilla, para poner en garantía las participaciones federales del estado y así “garantizar” el pago a la empresa que suministraría con energía al estado.
Estos legisladores, diez de MORENA, dos del PT, uno del Partido Verde, uno de Movimiento Ciudadano y un par de ex panistas, aprobaron la modificación al decreto 88, para dar paso al decreto 178.
En este documento, se detallaron los pagos que se harían para el desarrollo de la central eléctrica fotovoltaica y cuyo monto anual autorizado para la contratación sería de mil 656 millones 540 mil 173.90 pesos.
Como garantía alterna de pago y/o pago puntual del contrato autorizado mediante el decreto, se autorizó la afectación de un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos presentes y futuros por el cobro de las contribuciones a fin de asegurar el pago puntual; en garantía pusieron Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas, impuestos por la realización de juegos con apuestas y sorteos, impuesto por obtención de premios y/o los ingresos de libre disposición en un porcentaje necesario suficiente en particular de las participaciones federales presentes y futuros del fondo general de participaciones del estado, en los términos de la ley de coordinación fiscal.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya reveló que hay retenciones (123 millones de pesos de participaciones federales) porque se firmó un contrato ventajoso para la empresa y lesivo para las finanzas bajacalifornianas.
En qué estaban pensando los diputados bajacalifornianos, que en sesión extraordinaria, aprobaron 16 a favor 5 en contra (Loreto Quintero, Eva María Vázquez, Rodrigo Otañez, Gerardo López, David Ruvalcaba) este garlito elaborado desde las oficinas dirigidas por Amador Rodríguez Lozano, un político con fama de transa.
