Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 10 DE MARZO DE 2022.- La diputada Alejandra María Ang Hernández, reveló que fueron dos los contratos que en materia energética se firmaron durante la gestión del exgobernador morenista, Jaime Bonilla Valdez.
En la sesión ordinaria de este 10 de marzo, la legisladora morenista expuso que uno de los contratos, de suministro calificado de energía eléctrica -sin autorización- fue con la empresa “Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora SAPI de CV”.
De acuerdo con la Auditoria Superior del Estado (ASEBC) de Baja California, las irregularidades son:
*No tiene relación alguna con la autorización en el decreto número 88 de la XXIII Legislatura, modificado y adicionado por medio del decreto 178 también de la XXIII Legislatura.
*Se adjudicó directamente, sin sujetarse a un procedimiento de contratación mediante convocatoria o licitación pública.
*Sin justificación alguna se celebró para su suministro exclusivo de energía eléctrica que proviniera de cualquier tipo de generación.
*Prevé una vigencia de 30 años sin haberse obtenido la autorización del Congreso del Estado, exigida en el artículo 73, fracción séptima de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público.
*En los documentos aportados hasta el momento, la ASEBC no encontramos alguno que justifique los términos y condiciones pactados en el contrato, ni que con dicha contratación se haya asegurado al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago y oportunidad, tal como lo exige el artículo 100 de la constitución política del estado.
Según nos fue informado la empresa “Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora SAPI de CV, no ha iniciado el suministro de energía a los centros de carga del poder ejecutivo y sus entidades paraestatales, por lo que consideramos oportuno que el Congreso del Estado, aclare al Poder Ejecutivo que los decretos 88 y 178 de la XXIII Legislatura, no autorizaron la celebración del contrato de suministro certificado de energía eléctrica de fecha 19 de octubre del 2020.
Lo anterior, a efecto de que se tomen las medidas legales, administrativas y operativas, necesarias para suspender y/o terminar consecuencias u obligaciones que del mismo deriven para el estado debiendo garantizarse en todo momento el suministro y/o abastecimiento de energía eléctrica necesaria para que el acueducto Río Colorado-Tijuana, continúe funcionando adecuadamente, asegurando así la prestación del servicio público de agua potable a los ciudadanos.
Lo cual se debe hacer en la inmediatez posible pues la cláusula 9.2 y el anexo A de los contratos aludidos, se advierte que las contraprestaciones que debe pagar el Poder Ejecutivo al consorcio presentado por “Next Energy de México SA de CV”, serán mensuales a partir de marzo del 2022.