Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 10 DE ABRIL DE 2021.- El gobierno estatal espera la resolución de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos y juicios, que se interpusieron para frenar la municipalización de los organismos operadores del agua en Baja California.
Julio César Díaz Meza, subconsejero jurídico del gobierno estatal explicó que además de las controversias constitucionales promovidas por los municipios de Mexicali, Tecate y Rosarito, las acciones de inconstitucionalidad de interpuestas por la anterior legislatura y la consejería jurídica del gobierno federal, hay amparos y juicios en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
En ese sentido, Julio César Díaz detalló que particulares (alrededor de dieciocho) promovieron amparos ante juzgados de distrito en Tijuana y en San Quintín, además en Ensenada, ciudadanos que se dicen agraviados promovieron juicios ante el TEJA de Baja California.
Agregó que tanto en los juicios de controversia constitucional, como acciones de inconstitucionalidad, nos encontramos en una etapa de cierre de instrucción, prácticamente en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Es preciso mencionar, que la SCJN otorgó suspensiones –a las acciones de inconstitucionalidad- por lo que el proceso de municipalización está detenido, hasta en tanto se resuelva de forma definitiva la situación.
Refirió que es un asunto de la mayor trascendencia por lo que vamos a respetar las decisiones que se tomen por el máximo tribunal del país y por cualquier tribunal y obviamente aquí privilegiando que se respete el derecho humano al agua, en este caso, los derechos de los ciudadanos para el real disfrute del mismo.
De igual forma, destacó que no estamos en una situación en contra de la municipalización, pero sí estamos a favor de que se haga con pleno respeto a los derechos humanos y salvaguardando las finanzas del estado.
La aprobación de la transferencia de los organismos del agua a los municipios se dio el 28 de julio del 2021, con trece votos a favor, once en contra y una abstención, el decreto 289 conocido como la “Ley del agua” -que impulsó el exgobernador Jaime Bonilla- fue publicado el 29 de julio.
Para concluir, Julio César Díaz Meza, comentó que los servicios de agua se continúan prestando a los ciudadanos a través de las comisiones estatales de servicios públicos.