Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 12 DE ABRIL DE 2022.- En el Comité de Adquisiciones del gobierno de Tijuana se continúa haciendo uso -en realidad es abuso- de la figura denominada adjudicación directa, creada para favorecer a las empresas consentidas de la autoridad en turno.
Si bien es una figura permitida en la ley y reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los gobernantes han exagerado en su uso.
En ocasiones hasta retuercen la ley o el reglamento, en mención, para poder adjudicar de manera directa jugosos contratos.
Según la ley, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se contratarán por regla general a través de licitaciones públicas, pues el gobierno morenista de Monserrat Caballero Ramírez, prefiere las adjudicaciones directas.
Ayer, por ejemplo, en la sesión del Comité de Adquisiciones, de los siete puntos que se abordaron, al menos cinco se van a adquirir por esta modalidad de adjudicación directa.
Servicios para la tesorería, arrendamiento de patrullas, compra de controles de semáforo, maquinaria para delegaciones, cursos para policías, entre otros.
Por cierto, en la sesión se omitieron, en la mayoría de los casos los montos que se van a erogar por los arrendamientos y adquisiciones, así la transparencia municipal.
La “ínfima” participación en la “revocación de mandato”
Fue mínima la participación de los bajacalifornianos en el ejercicio democrático del fin de semana denominado: revocación de mandato.
Según el reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación en el estado fue de 13.22 por ciento, es decir, 384 mil 918 ciudadanos.
Es evidente que solo la feligresía de López Obrador cayó en el garlito fabricado por el “mesías” para tener un cálculo más exacto de las posibilidades que tendría para la elección del 2024.
Después del barullo del fin de semana, vuelta a la página y seguramente veremos a un López Obrador concentrado en dos prioridades para él: la reforma eléctrica y la reforma electoral.