Por Octavio Fabela
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 31 DE MAYO DE 2022.- Para que el combate a la corrupción en Baja California sea una realidad, es necesario ajustar algunas leyes, completar el comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción, nombrar al fiscal y magistrado especializados en esta materia, pero sobretodo, que exista voluntad política del gobierno de Baja California para atender el tema.
Esta visión la compartieron Francisco Raúl Álvarez Cordova, presidente del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, y Francisco Javier Martínez Mendoza, fundador de la Red Nacional Anticorrupción en el marco del foro denominado “¡Arriba el norte, abajo la corrupción!”.
Álvarez Cordova, explicó en entrevista que el combate a la corrupción semeja a un sistema de engranes y no puede entenderse como lo han pretendido hacer en el gobierno de Baja California como actividades aisladas.
Lamentó que el gobierno de Baja California no coloque en el centro de la política anticorrupción al ciudadano, prueba de ello es que no se han realizado las reformas de ley que permitan el funcionamiento pleno del Sistema Anticorrupción, ni se han designado al fiscal y al magistrado responsables de esa materia.
Por su parte, Martínez Mendoza recordó que el primer fiscal anticorrupción del estado renunció porque la dependencia que encabezaría no tenía presupuesto para trabajar, a su vez exhortó a la gobernadora a completar el consejo ciudadano y hacer los nombramientos que hacen falta.
Recordó que el Sistema Anticorrupción fue desmantelado durante la administración de Jaime Bonilla Valdez y que en su momento pretendió ejercer las actividades de control mediante la Secretaria de la Honestidad “pero no se puede ser juez y parte”.
También comentó que de acuerdo con las estadísticas del Inegi, el 65% de los bajacalifornianos consideran que el gobierno del estado es corrupto y que ese porcentaje ubica a la entidad en el segundo lugar nacional con mayor apreciación de corrupción.
