TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 28 DE MAYO DE 2022.- La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años y tres meses de prisión para un responsable del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada, y violencia familiar.
De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, la sentencia se obtuvo luego de la realización de un procedimiento abreviado que responsabiliza a Miguel Ángel Ayapantecatl Garza, en dichos delitos.
La investigación se inició luego de una denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que en abril de 2017 llegó a Tijuana con sus hijos y con el ahora sentenciado. Y apenas estando en esta ciudad la obligó a tener relaciones sexuales con personas desconocidas en un hotel de la Zona Norte, además de quitarle el dinero que obtenía, la golpeaba y amenazaba para que lo siguiera haciendo o le quitaría a su hijo menor.
Esta práctica obligada la estuvo realizando hasta el pasado mes de septiembre de 2020. Además, el imputado continuó ejerciendo violencia contra la víctima y su hijo de tres años de edad.
Derivado de la denuncia se iniciaron las pesquisas de investigación por los delitos de trata de personas y violencia familiar, y una vez que se recabaron los testimoniales, indicios y medios de prueba necesarios, el caso se judicializó, por lo que el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión respectiva en contra del agresor.
Una vez que fue obsequiada, el mandato judicial fue debidamente cumplimentado el 1 de octubre de 2020, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Luego de la captura de Miguel Ángel Ayapantecatl Garza se realizó imputación y se vinculó a proceso, y en abril de 2021 se presentó la acusación en su contra, finalmente el pasado 25 de mayo de 2022 se resolvió la realización de un procedimiento abreviado en el que se dictó sentencia condenatoria de 20 años tres meses de prisión, además se le impuso una multa de 150 mil 980 pesos, y como concepto de la reparación del daño el pago de 34 mil 320 pesos, y naturalmente por el tipo de delito se le niegan los beneficios libertarios y se suspenden sus derechos políticos.
