Por: Lourdes Loza Romero
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 14 DE JUNIO DE 2022.- El joven Arturo Jauregui continúa en prisión acusado por policías municipales de transportar varios paquetes de droga, cuando su detención ocurrió en un operativo arbitrario el pasado mes de octubre.
La noche del 29 de octubre del año pasado, Arturo acudió a un domicilio del fraccionamiento Sonoita a recoger un celular que un conocido le reparó y que usaría para trabajar como chofer de la plataforma Uber, sin embargo, ha pasado los últimos diez meses recluido en prisión a la espera de ser condenado por un delito que no cometió.
Esa noche por lo menos tres patrullas de la policía municipal llegaron al domicilio ubicado en la calle Cananea, Arturo tenía pocos minutos en el lugar cuando se percató que los oficiales intentaban entrar de manera agresiva, algunos incluso se saltaron la barda.
De inmediato, según relató desde prisión a través de un documento que su padre entregó a la Sindicatura Procuradora, los elementos lo amagaron junto a una mujer y a dos hombres más, entre ellos su conocido que le entregaría el teléfono celular.
Les exigían a golpes que entregarán “algo”, mientras que la única mujer policía en la escena se encargada de mantener contra la pared a la femina que residia en la casa, mientras que gritó a sus vecinos por ayuda ante la desesperación de atestiguar como golpeaban a Arturo y a los otros dos hombres.
De acuerdo a los testimonios, los vecinos reportaron el hecho al número de emergencias y unos instantes después escucharon por la frecuencia radial que les advertían a los oficiales que los gritos habían alertado sobre el operativo, aún así se demoraron otra hora más en el lugar.
A Arturo lo golpearon y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, lo sacaron de la casa y se lo llevaron en una de las patrullas. En el informe homologado los oficiales argumentaron que lo detuvieron en la colonia 20 Noviembre con varios paquetes de droga que presuntamente transportaba en una mochila y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.
Después de varias vueltas, a su padre le aceptaron su queja en la Sindicatura Procuradora el pasado 16 de mayo, mientras los oficiales involucrados en el caso continúan rondando la calle donde ocurrieron los hechos para amenazar a los posibles testigos, que esa noche documentaron la agresión a través de videos. Dichos videos son la única evidencia con la que cuenta Arturo para sostener su versión de que esa noche fue víctima de abuso de autoridad.
Actualmente, ante la desesperación de que ninguna autoridad atienda su caso y tome en cuenta la evidencia que tiene, aceptó que su proceso penal concluya por un procedimiento abreviado, pidiendo que se le sentencie por el mínimo de 4 años de prisión.