Liberación de “el Cabo 89” será apelada, advierte General Landeros
*.- El presunto generador de violencia fue detenido en la capital
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 17 DE JUNIO DE 2022.- Se puede asegurar que entre los cinco liberados del fin se semana en Mexicali, se encontraba el “Cabo89”, informó el general Gilberto Landeros, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado.
En la conferencia “Impunidad Cero”, Gilberto Landeros dijo que a petición suya, la Fiscalía General de la República (FGR) apelará la determinación del juez, porque se declaró ambigua su actuación al liberar a los generadores de violencia, por supuestas irregularidades en su detención.
Landeros refirió que por la liberación de los detenidos, no fue posible confirmar la identidad de quien se presume es el “Cabo89”.
El General dijo que se le van a pedir a las autoridades que liberaron a los presuntos generadores de violencia, que se entreguen pruebas de las supuestas ilegalidades por las que salieron libres.
Coordinación entre corporaciones es interinstitucional
Por otra parte, el general Gilberto Landeros indicó que se reunirá con la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, luego del incidente entre elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad y escoltas del hermano de la Presidenta Municipal.
Aclaró que los elementos estatales aplicaron los protocolos establecidos, por lo que descartó el uso excesivo de la fuerza.
De igual manera, dijo que este percance no es motivo para terminar un convenio de colaboración entre estado y municipio.
Más de 5 mil personas vinculadas a proceso de enero a junio de 2022: FGE
Como parte de las acciones de procuración de justicia y persecución del delito que realiza la Fiscalía General de Baja California, que encabeza Ricardo Iván Carpio Sánchez, en lo que va de este año se ha logrado vincular a proceso a 5 mil 147 personas, hecho que se traduce en un 26% de aumento comparado con el año pasado durante el mismo periodo.
Así lo expuso el Fiscal Central del Estado, Rafael Orozco Vargas, durante su participación en la conferencia semanal denominada “Impunidad Cero”, que en esta edición realizada en Tijuana, estuvo en representación del titular de la institución.
El Fiscal Central, mencionó que de enero al 15 de junio de 2022, a nivel estatal se tiene el reporte de 10 mil 668 personas judicializadas, mil 189 sentencias condenatorias, 3 mil 175 órdenes de aprehensión concedidas y mil 968 órdenes de aprehensión cumplidas, lo cual representa un número mayor en la comparativa con el año pasado, en el mismo lapso.
Asimismo, indicó que ha disminuido la incidencia en delitos como el robo, así como en víctimas de homicidios dolosos; en este último, en el periodo que se reporta, en este 2022 suma un total de mil 152, cifra menor que en 2021, en el que se registraron mil 501.
Orozco Vargas, detalló que en cuanto a cateos ejecutados este 2022, de enero a junio van 747, lo que significa un 21% de aumento en comparación al año anterior, en tanto que, se han asegurado 867 máquinas tragamonedas y 445 inmuebles han sido asegurados.
Abundó que en menores de edad víctimas de homicidio, se reportan 17 en 2021, entre los meses de enero y mayo, mientras que, en este año, en el mismo periodo se registran nueve. En el caso particular de Tijuana, el Fiscal Central, precisó que han disminuido delitos como robo, homicidios dolosos y despojo, este último en un 10%.
En cuanto al esquema denominado Operativo Alfa Sigma que anunció el Fiscal General Ricardo Carpio, para bajar los índices delictivos en la colonia Sánchez Taboada, la FGE reportó 420 filtros de seguridad realizados, la detención de 46 personas, 4 órdenes de aprehensión cumplimentadas, 22 cateos, 17 inmuebles asegurados, 218 envoltorios de droga, 6 armas, 192 cartuchos útiles, así como 8 vehículos; 6 con reporte de robo.
El Fiscal Central, compartió en esta conferencia que la FGE, sensible y consciente a las necesidades de las comunidades, signó esta semana un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Dicho convenio tiene el propósito de brindar un efectivo acceso a la procuración de justicia a las comunidades indígenas y permitirá a la institución contar con intérpretes y traductores de lenguas indígenas.