Por: Andrés Salcido
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 13 DE AGOSTO DE 2022.- Ante los hechos de “narco terrorismo” suscitados en el estado de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, y más recientemente en Baja California, el debate político se ha agudizado.
Muchos opinólogos de redes sociales, pero también analistas con prestigio internacional, consideran que los actos de violencia en diversas zonas del país, obedecen a una estrategia del Estado, para justificar la presencia militar, y el crecimiento de las filas de la Guardia Nacional, que en “decretazo” el presidente entrega de manera administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional; algo, que por cierto contradice el discurso de “desmilitarizar” el país, en crítica a la Estrategia de Seguridad del expresidente Felipe Calderón denominada “Guerra contra el Narco”, que durante su mandato dejó decenas de miles muertos, y que en la actual administración (en menos de cuatro años) ya fue superada.
Camiones de carga y unidades de transporte público incendiadas, bloquearon las vialidades más importantes de la entidad federativa, y provocaron el pánico entre los ciudadanos de los cinco municipios de Baja California.
Mientras los actos violentos se registraron en pasados días en estados gobernados por la oposición partidista, como lo son el PAN en Guanajuato, Chihuahua, y el Movimiento Ciudadano en Jalisco, el pasado viernes 12 de agosto, se rompió el esquema, al registrarse actos similares pero en Baja California, un estado gobernado por Morena. Sin embargo, genera gran especulación la aparente libertad con la que los criminales, han irrumpido en comercios y hasta disparado al azar; como lo hicieron contra diez civiles en Chihuahua, incluido un niño de 12 años y una mujer embarazada.
Lo anterior solo unos días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara decreto de la Guardia Nacional, y poco después se hablara de una Reforma, que será enviada al Congreso de la Unión; donde existe una mayoría de legisladores afines al Presidente.
Pero, seamos serios, estados como Sonora, Guerrero y Veracruz, han mantenido desde hace varios años, actos similares a los presenciados en los últimos días, considerados como Narco Terrorismo, sin recibir la mínima atención, o ensalce político ¿Por qué? ¿Por qué son entidades gobernadas por el partido del Presidente? En el caso de Sonora, la ironía recae en que su actual Gobernador (Alfonso Durazo); anterior Secretario de Seguridad en la Federación, fue de los artífices y mayores defensores de la estrategia actual de Seguridad en el país, ahora al menos 10 municipios de ese estado, viven a expensas de los criminales. Sobrepasado en su propio estado.
¿Es un intento por convencer a la ciudadanía de militarizar al país?
Si esta pregunta, se respondiera de forma afirmativa, entonces hablaríamos de otro nivel de perversidad por parte del ejecutivo federal, un nivel de maquiavelismo, nunca antes visto en la era digital.
Si la respuesta fuera negativa, entonces se podría afirmar que los Gobiernos desde Federal, Estatales y Municipales, ya se vieron rebasados por el Crimen Organizado y se refrendaría el argumento que exhibe como “fallida” la estrategia de “Abrazos, no balazos”, porque aparentemente la actitud permisible, y hasta justificadora del Gobierno hacia los criminales, solo han tenido como respuesta un mayor número de civiles muertos y más de 100 mil desaparecidos en el último periodo.
El mejor refutador del Presidente, es, el mismo. Mientras en su palabra afirma tener “Calidad Moral”, sus acciones se alejan bastante de lo que dice. He ahí la diferencia entre #ElDecirYElHacer.
Vivimos la era de “Politizar la Violencia”.
Este columnista no refleja la posición editorial de Esquina32.
