Por: Octavio Fabela
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 25 DE AGOSTO DE 2022.- Concesionarios de taxis de la ruta centro-5 y10-Los Pinos, denominados Rojo y Negro, reiteran que mañosamente el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) pretende retirar los títulos de concesiones y obligarlos a rentarle placas a la empresa a la que le otorgará la ruta que actualmente trabajan, por lo que piden una audiencia con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda antes de tomar otras medidas de presión.
En conferencia de prensa, acompañado de varios posesionarios de títulos de concesión, Joaquín Baltazar, líder de uno de los gremios de los Taxis Rojo y Negro explicó que todavía no hay información oficial sobre la fecha en que se les impedirá prestar el servicio en la ruta habitual, pero que el IMOS se ha negado a revalidar permisos y a retener otros.
Criticó que el IMOS mantiene sin operar varios de los vehículos que son identificados como “sin itinerario fijo” pese a que fueron autorizados en sesión de Cabildo del pasado 7 de junio de 2016, donde se les permitió trabajar, además pretende que firmen un documento en el que renuncian a los derechos adquiridos.
Baltazar detalló que el Instituto de Movilidad Sustentable pretende asociarlos en una empresa con capital social de solo 50 mil pesos, de firmarle, los títulos de concesión perderían completamente su valor, aunado a esto, la propuesta que les hizo el director del instituto, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, es que recibirán una renta de poco más de 3 mil pesos mensuales y que quien quiera trabajar como alimentador, tendrá que rentarle las placas a las empresa concesionaria del sistema en el bulevar, sin respetar que los concesionarios son dueños del título y de las unidades.
Aseguró que los concesionarios se niegan a firmar el documento que les propone IMOS y que están seguros de que la gobernadora está siendo engañada, ya que el Instituto está convirtiendo a Tijuana en un polvorín porque planean después de desaparecer a los taxis Rojo y Negro, continuar con los que operan otras rutas.
Por ello, exigen una audiencia con la mandataria estatal para exponerle el problema que podría afectar a más de 900 familias.
Aclaró que se mantendrán por el momento, buscando un diálogo con la autoridad, pero de no ser escuchados y atendidos, recurrirán a otro tipo de estrategia que podría ser el bloqueo de calles y avenidas.
