Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- Es difícil de aceptar que dos agentes de la Policía Municipal, a quienes en condiciones normales cualquiera de nosotros habría pedido ayuda si nos sentimos en peligro, hayan participado en el robo y desaparición forzada de un comerciante que su único pecado fue tratar de cerrar un negocio que cocinaba desde hace tiempo.
Más difícil de aceptar es el discurso oficial que señala que los policías de Tijuana superaron las pruebas de control y confianza que deben acreditar todos los elementos de la corporación y más complicado se vuelve el asunto si nos enteramos de que el nivel de vida de los agentes Martín y Esteban, actualmente presos, no era el correspondiente a su salario.
Aquí, además unirse a la exigencia de que los dos oficiales presos revelen el paradero del joven José Alberto Cantero también es tiempo de reclamarle, a las autoridades responsables, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Fernando Sánchez González, la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez y el Síndico Procurador Rafael Leyva Pérez, que hagan su trabajo.
El caso de la desaparición forzada de José Alberto se hizo público por la movilización de la familia, también porque existían testigos y evidencia de sobra para inculpar a los agentes, en los de abusos anteriores también fue un testimonial en video lo que evidenció el mal hacer de los agentes, es decir, fue la denuncia pública y no el trabajo interno de depuración y capacitación lo que tiene a los oficiales fuera del servicio.
Aquí cabe una observación, los oficiales Martín, Esteban y los demás que han sido acusados de cometer incluso homicidio, abuso sexual y uso excesivo de la fuerza, debían primero pasar ciertos estándares para egresar de la academia de policía, que sean personas aptas para entregarles un arma y uniformarlos es responsabilidad de la academia de policía cargo que ha ocupado José Fernando Sánchez González.
Los niños sin maestro, los maestros sin garantía de pago
Solo en primarias de Tijuana hay unos cuatro mil niños que no han empezado el ciclo escolar porque no tienen maestro; la Secretaría de Educación reconoce que esta mañana hay seis escuelas cerradas por padres de familia que exigen la asignación de docente para que atienda a sus hijos, otros, los más, simplemente se plantan frente a la escuela con la misma exigencia.
Uno de los problemas que arrastra el Sistema Educativo es la falta de pago a los maestros que cubren interinatos, es tan añejo el problema que los paros laborales que realiza el magisterio tienen su origen en la falta de respuesta a los docentes que cubren las ausencias de otros. Por eso, porque como decimos en México, “la burra no era arisca, la hicieron”, los sindicatos exigen un documento que garantice el pago del salario para enviar a los profesores que faltan.
Según la Secretaría de Educación, dinero para pagarle a los profesores hay, según nuestras leyes, los niños tienen el derecho a la educación, lo único que falta para que los estudiantes regresen a donde deben estar, en las aulas, es que la Secretaría de Hacienda extienda el documento en el que se compromete a pagarle a los maestros.
¡Nada más eso!
Los profesores, para dar clases, lo único que piden es un documento en el que se garantice que les van a pagar su salario; ya tienen la experiencia de años en los que, hay que decirlo, tienen que esperar a que el gobernante en turno tenga la voluntad de pagar por un servicio prestado, por un trabajo realizado ¡por un derecho ganado! Y en este caso, los niños también tienen el derecho a recibir las clases.
Del estado físico de las escuelas, hablaremos después.
