Gobierno de Michoacán incumple convenio de apoyo a migrantes
Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 4 DE OCTUBRE DE 2022.- El gobierno de Michoacán no ha cumplido con el convenio firmado con las autoridades de Baja California, mediante el cual se comprometió a abrir una oficina de gestión para atender a la comunidad de desplazados de esa entidad, expuso el director del Albergue Juventud 2000, José María García Lara.
Recordó que existe el compromiso del gobierno michoacano de abrir una oficina de gestión en Tijuana para atender a los migrantes michoacanos, el cual no ha concretado.
Consideró que el gobierno de ese estado debe apoyar a la comunidad desplazada, estableciendo un albergue para recibirlos o bien apoyando a los de las organizaciones sociales que actualmente asisten a esa comunidad.
Por su parte, migrantes michoacanos refugiados en Tijuana coincidieron en señalar que el gobierno de Michoacán tampoco ha resuelto el problema de inseguridad que impera en ese estado y que ha derivado que habitantes de ese estado continúen desplazándose a Tijuana.
Información extraoficial refiere que el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya, estaría en Tijuana este miércoles 5 de octubre, ante esa posibilidad, Silvia, Keilyn y María, las tres originarias de Michoacán, aseguran que de poder hablar con el mandatario, le exigirían seguridad ya que la violencia es la que las hizo huir de sus lugares de origen.
Silvia, quien vivía en Zamora, Michoacán, dijo que semanas atrás abandonó su casa luego de recibir amenazas e intentos de extorsión, al hacer público su teléfono y nombre durante la búsqueda de su hijo de 21 años, quien fue desaparecido.
Ante el temor de que algo le pudiera suceder al resto de su familia, decidió venir a Tijuana.
Por su parte, Keilyn, quien vivía en Uruapan, expuso que su esposo combinaba su trabajo como panadero con el de oficial de tránsito, cuando de pronto detuvo un vehículo que se pasó un alto; en represalia un grupo de delincuentes llegó hasta su casa y los amenazó de muerte si no abandonaban la ciudad. Aseguró que también en su pequeño negocio fue víctima de cobro de piso, lo que la orilló a salir con toda su familia.
En tanto, María, quien vivía en Morelia, dijo haber sido víctima de secuestro exprés, narró que delincuentes la tuvieron retenida por más de 24 horas.
Las desplazadas coincidieron en que la principal exigencia al gobierno de aquella entidad, es la garantía de seguridad y aseguraron que bajo ninguna condición regresarían a vivir a la ciudad de la que salieron huyendo.