Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 5 DE OCTUBRE DE 2022.- En los últimos meses nos hemos enterado de conductas de Policías Municipales que en ejercicio de su función han cometido crímenes que por su naturaleza, pero también porque son cometidos por funcionarios públicos, conmocionan a la sociedad e incluso hay quienes dicen ya no confiar en las instituciones.
Homicidios cometidos por policías, agentes que abusan de su autoridad y casos como el de la agente Alina Mariel Narciso, nos muestran que más allá de lo que hacen los oficiales en lo particular, la corporación municipal está desatendida; los agentes, antes de portar su uniforme y recibir el arma de cargo son seres humanos que, por la naturaleza de su función, deberían estar evaluados y en de ser necesario, atendidos.
Cada vez que nos enteramos de que un oficial de la Policía Municipal comete un abuso de autoridad, lo primero que escuchamos decir a los mandos, es que “se trabaja con la Comisión de los Derechos Humanos para de manera coordinada impartir cursos o talleres”, y a los pocos días la dependencia exalta la labor de algún oficial auxiliando a un ciudadano.
De nada sirve que Derechos Humanos imparta cursos, si los oficiales siguen ninguneados por la administración municipal; nadie que no sean los propios agentes conoce la verdadera presión a la que son sometidos en el interior y el exterior de la corporación, tampoco nadie sabemos si los policías son verdaderamente evaluados en su salud física y mental.
¿Por qué esperar a que suceda algo para actuar?, los hechos recientes nos muestran que los exámenes de control y confianza ni controlan ni garantizan que podamos confiar en quienes los aprueban; tampoco sabemos, por citar un ejemplo, ¿cuándo aplicaron los controles antidopaje a los agentes?
Lo que se ventiló en el juicio de la exoficial Alina Mariel Narciso nos muestra que sí es posible que un supervisor tenga problemas de adicción, lo que sucedió con el Alberto Cantero también exhibe que es posible que oficiales que actualmente están en servicio tengan otro tipo de intenciones que pudieron evitarse con evaluaciones periódicas.
Llama la atención que el secretario Fernando Sánchez nos pida voltear a ver hacia otro lado y minimice el problema que tiene en sus manos con la excusa de que son más de 2 mil oficiales y los acusados son pocos, se le olvida, y esperemos no de forma dolosa, que la ciencia médica ya permite detectar y tratar a tiempo problemas con la conducta de sus agentes.
Trabajar como agente de policía es una labor riesgosa, para la integridad física, pero también para la salud mental de los oficiales, por eso, porque no se ve ningún intento por atender la salud mental de los agentes y muy a lo lejos se asoma la intención de equiparlos y pagarles bien es que surge la duda ¿en manos de quién estamos? Y ¿En manos de quién están ellos?
¿Qué va a informar?
El gobierno de la ciudad, encabezado por la señora Monserrat Caballero Ramírez cumplió el pasado primero de octubre un año de ejercicio, de hecho, para el próximo 12 de octubre anuncian que la alcaldesa rendirá su primer informe, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué va a informar?
Obras en la ciudad, ejecutadas por el gobierno de la ciudad, son pocas o, mejor dicho, ninguna de relevancia; los poco más de 30 millones de pesos que asegura se han abonado a una deuda pública de más de 250 mil millones parecen poca cosa si los comparamos con gastos que se hacen y no benefician a nadie.
¿Cuál ha sido la constante en el actual gobierno?: repartir culpas. Es posible, basados en lo que sucede todos los días, que el informe de la señora Caballero Ramírez se convertirá en un compendio de lo que han dejado de hacer los gobiernos estatal y federal además de justificaciones por lo que no hace la autoridad local.
