Extorsionan a empresarios para despojarlos de terrenos del Ej. Chilpancingo
Por: Sonia de Anda
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 12 DE NOVIMBRE DE 2022.- Al menos tres empresarios con inmuebles en terrenos del Ejido Chilpancingo son actualmente “extorsionados” con pagos de grandes sumas de dinero para que les retiren demandas que buscan despojarlos de predios por los que pagaron debidamente, basadas en un supuesto “error” que cometió el gobierno de Baja California hace 30 años.
De acuerdo con una de las demandas que actualmente enfrenta un empresario y que prefiere mantenerse en el anonimato, se establece que el ejido busca una restitución de tierra que hace décadas fue expropiada por la federación y posteriormente comprada por sus actuales poseedores.
El afectado informó a Esquina32 que adquirió los terrenos que ahora se le demanda restituir a un particular que los adquirió hace casi 40 años, donde hoy se encuentra asentada su empresa, pero recientemente un representante legal de los demandantes le exigió una fuerte suma de dinero a cambio de desistir del proceso, lo que consideró una extorsión para librarlo del desgaste de enfrentar un proceso legal que podría poner en riesgo su patrimonio.
Lo anterior, dijo está sucediendo con al menos otras dos empresas asentadas en esta zona y por ello, alertó a los empresarios del lugar a prepararse con la documentación del historial de sus predios, debido a la intensión de proceder con demandas de restitución de terrenos que promovió el Ejido Chilpancingo ante el Tribunal Unitario Agrario No. 45 con sede en Ensenada.
La restitución de propiedad se concentra en tierras de Mesa de Otay, Alamar y Buenos Aires Sur, entre otras colonias, lo que incluso podría afectar a personas que adquirieron de buena fe predios en los que construyeron viviendas y que no tendrían forma de defenderse legalmente, pues incluso los ejidatarios comenzaron a vender terrenos en la zona desde 1994.
La demanda se basa en un plano definitivo que generó, presuntamente de manera incorrecta en 1992, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en Baja California, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), donde se ignora que la extensión territorial de dicho Ejido se redujo a 270 hectáreas, después de las dos expropiaciones decretadas por el gobierno federal en 1971 y 1991.
En 1938 el Ejido Chilpancingo fue dotado de mil 384 hectáreas por decreto presidencia para beneficiar a ejidatarios que tenían el derecho, pero tras las dos expropiaciones, en 1992 los ejidatarios promovieron un juicio de amparo ante el Juez Séptimo de Distrito de Baja California donde se reclamaba la existencia de anomalías en la expropiación de 1991 y por el que pidieron un plano definitivo de la extensión territorial de la que gozaban.
Dicho juicio de amparo nunca se emitió sentencia, pues sólo se les otorgó a los demandantes el derecho de audiencia, pero la SRA emitió en 1992 un “plano definitivo” en el que se ignoran las expropiaciones decretadas por la federación y que hoy es usado por el Ejido Chilpancingo para exigir una restitución de tierra, pese a que hace más de cuatro décadas se vendieron terrenos en la zona.
