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Pese a irregularidades, aprueban cuenta pública de Armando Ayala

Por: Adán Mondragón

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.- A pesar de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (AseBC), la comisión de Fiscalización del Gasto Público aprobó la cuenta pública 2020 del ayuntamiento de Ensenada, correspondiente al alcalde Armando Ayala Robles.

En la misma sesión de comisión, los legisladores rechazaron la cuenta pública 2020 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe).

De la revisión a la cuenta pública de Ensenada destaca un contrato de electrificación cuyos trabajos no fueron ejecutados, situación similar a la del contrato de “construcción de aula doble Cet del Mar Isla de Cedros”.

Asimismo, se observó un déficit presupuestal por 274 millones 736 mil 675 pesos, además de pagos por un millón 730 mil 478 pesos, sin documentación que justifique las compensaciones correspondientes.

También, del padrón de permisionarios de vinos y licores en 15 permisos no sé localizaron la totalidad de los requisitos. En 19 liquidaciones no se proporcionó evidencia documental de los pagos realizados.

Otra de las irregularidades es la ampliación a su presupuesto de egresos en servicios personales por 210 millones 751 mil 362 pesos, entre otras.

Esta cuenta pública fue aprobada por cinco votos a favor y uno en contra, de la diputada Alejandra María Ang Hernández.

  • Rechazan cuenta pública de Cespe

La AseBC detectó un “desahorro” en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) por 243 millones 328 mil 506 pesos.

Además, pagos improcedentes a personal que presentó renuncia voluntaria, por concepto de prima de antigüedad 104 mil 573 pesos y gratificaciones por 168 mil 256 pesos.

Del contrato celebrado con Fisamex, se recaudaron 413 millones 254 mil 484 pesos y de la muestra de nueve dictámenes por tres millones 352 mil 490 se señala: Se efectuaron cobros mediante norma técnica para proyectos del sistema de agua potable y alcantarillado, improcedente.

Y no se proporcionó documentación que sustente los litros por segundo y datos del proyecto por hectárea, que sirvieron de base para aplicar la norma.