Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 4 DE NOVIEMBRE DE 2022.- La segunda edición del reporte “Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, detalla que Baja California y Baja California Sur, aun no cuentan con una Fiscalía Anticorrupción en operación.
Cabe señalar que en enero del 2020, Elizabeth Ojeda Mayoral, presentó su renuncia como titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción de Baja California, luego de haber rendido protesta en diciembre del 2019, hasta el momento no se ha nombrado su relevo.
Desde el primero de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2021, el titular del gobierno estatal en Baja California, fue Jaime Bonilla Valdez –hoy senador de la república- fue el dos de noviembre cuando el Congreso bajacaliforniano designó a Juan Guillermo Ruiz Hernández como Fiscal General del Estado.
Ruíz Hernández dejó el cargo para el que fue electo por cinco años, apenas en la segunda semana de diciembre del 2021, cuando la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya había cumplido un mes como jefa del Ejecutivo bajacaliforniano.
En el reporte se detalla que las Fiscalías Anticorrupción en México están encargadas de la atención, investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción. Sin embargo, el trabajo realizado halló que la mayoría de las fiscalías anticorrupción carecen de los recursos necesarios para un combate efectivo a la corrupción.
De acuerdo con el reporte del IMCO, las 29 fiscalías anticorrupción evaluadas carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que se traduce en que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.
