TIJUANA, BAJA CLAIFORNIA, A 19 DE DICIEMBRE DE 2022.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que fortalezcan la atención a las personas en contexto de movilidad que se encuentran en el estado.
El presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, indicó, en el marco del Día Internacional del Migrante, que los retos en materia de movilidad humana son particulares para cada región del país y agregó que, en el caso de Baja California, se trata de un contexto aún más específico, ya que la entidad se ha desarrollado a través de la historia como un destino directo e indirecto de las poblaciones en movimiento.
El ombudsperson subrayó acontecimientos recientes que han modificado el panorama migratorio del estado, como la llegada de más de 20 mil personas de países africanos, europeos y caribeños en 2016.
También mencionó el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, quien implementó el Título 42, herramienta que les permite a las autoridades migratorias deportar a personas en contexto de movilidad con mayor rapidez; la llegada de 6 mil personas de origen centroamericano en 2018; la instalación del campamento “El Chaparral” en la garita de San Ysidro, en 2021.
Así como el incremento de movilidad de connacionales por desplazamiento interno forzado; el registro de la mayor cifra histórica de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), principalmente de personas provenientes de Haití, Centro y Sudamérica; y la llegada de personas rusas y ucranianas.
Ante estas circunstancias, hizo hincapié en que los organismos públicos de derechos humanos, junto con la sociedad civil organizada, han colaborado con las instituciones de gobierno para buscar disminuir los factores de riesgo que pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas.
De forma paralela, enfatizó que se necesita un protocolo de atención basado en los derechos humanos que tenga como propósito la plena inclusión de las personas al tejido social nacional.
Dicha estrategia debería incorporar a instituciones, de manera coordinada, para disminuir las condiciones de vulnerabilidad y propiciar la mejor convivencia con la sociedad; en materia de seguridad pública, se debe considerar a los tres órdenes de gobierno y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas.
Agregó que también se deben instrumentar programas de capacitación para el personal de las diversas corporaciones policiales para la adecuada atención de las personas en contexto de movilidad humana; incluir a las autoridades del Registro Civil para garantizar la correcta tramitación de sus actos registrales.
De igual forma se debe buscar la cooperación entre las fiscalías de diversas entidades federativas para garantizar la admisión de denuncias y el seguimiento oportuno de las carpetas de investigación de los hechos denunciados por las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, dijo.
Propiciar la colaboración entre las instituciones y el sector privado, a efecto de favorecer la inclusión laboral y productiva de las personas, es otra tarea que debe incluirse, anotó.
