Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 23 DE FEBRERO DE 2023.- El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), el cual se creó durante la administración de Jaime Bonilla Valdés cuando se le quitaron algunas de las facultades para regular el transporte público a los ayuntamientos, está a punto de cumplir tres años y, hasta el momento, no hay ninguna mejora para la movilidad de los ciudadanos.
El 5 de mayo de 2020, al instalar formalmente el IMOS, Jaime Bonilla aseguraba que con esa nueva dependencia los bajacalifornianos estábamos ante “un sueño hecho realidad, una prueba de que, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Baja California empieza la transformación de México”.
A casi dos años y once meses de que empezó a operar, al menos en Tijuana todavía no se convierte en realidad el sueño de podernos desplazar utilizando un servicio de transporte público eficiente, cómodo, con operadores atentos y de buen humor, y continúa utilizando un sistema de negocio en el que casi todos salimos perdiendo.
El transporte se sigue utilizando como un aliado de las campañas electorales, de los favores políticos; los usuarios seguimos padeciendo las prisas eternas que de repente se convierten en excesivas esperas, porque el chofer considera que necesita un pasajero más y con eso provoca retrasos entre quienes esperan llegar a su destino.
Se siguen peleando el pasaje, sí. Siguen utilizándose unidades con asientos modificados, sí. Se garantiza que los vehículos empleados están en buenas condiciones, no. Los taxis provocan saturación de vialidades, sí. Es caro y malo el servicio, sí. Las rutas son las adecuadas para las necesidades de las personas, no.
La diferencia con el pasado, es decir, con el antes del Instituto de Movilidad Sustentable, es que ahora no es posible recurrir a la autoridad municipal para presentar quejas y denuncias porque por respuesta se recibe un cómodo “no es mi facultad”. Y así, entre me toca y no me toca, los ciudadanos tienen que seguir desplazándose en un sistema caro y malo.
Por el sistema de negocio que todavía prevalece, existen líneas en las que de la nada se alteran las tarifas establecidas, lo cual no sería necesario si los operadores no tuvieran que pagar la renta del vehículo, comisión por cada viaje o vuelta, como llaman ellos, algo que, aseguraban hace tres años, terminaría.
En tres años, parafraseando al exgobernador Jaime Bonilla Valdés, los ciudadanos seguimos padeciendo la pesadilla de un transporte público deficiente, con un organismo regulador lejano que, como dice el dicho, mucho abarca y poco aprieta porque pareciera que está dedicado a mejorar las condiciones en uno solo de los municipios de Baja California.
Con esta situación, los traslados tardan más de una hora en completarse, las distancias que hay que recorrer para los transbordos son largas porque es casi imposible que se complete el viaje utilizando un solo transporte, lo que deja a los ciudadanos entre la disyuntiva de pagar el trasporte privado o llegar tarde a su destino.
La utilización de unidades para la movilidad de forma masiva también va a la inversa, y cada vez son menos los autobuses que se ven circulando por la ciudad y es mayor la cantidad de vehículos pequeños con los que se saturan las calles, crean caos en la movilidad y resulta más costosa su operación y mantenimiento.