Violencia vicaria será sancionada en BC
Diputados aprueban reforma a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al código penal.
Por: Adán Mondragón.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 02 DE FEBRERO DE 2023.- Por unanimidad, los legisladores bajacalifornianos aprobaron una reforma a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al código penal, para sancionar la violencia vicaria en la entidad.
La diputada Rosa Margarita García Zamarripa del Partido Encuentro Solidario, destacó que es un día importante en la entidad, “no más violencia, no más daño a las mujeres a través de sus hijos y sus hijas, quien lo haga que lo pague”.
La aprobación del reconocimiento de la violencia vicaria en nuestro marco jurídico es uno de varios pasos que anteceden al que damos hoy y de otros más que debemos dar en la búsqueda de eliminación de la violencia contra las mujeres, destacó la legisladora García Zamarripa.
Al dictamen número siete de la comisión de igualdad de género y juventudes, le dio lectura una de las legisladores inicialistas, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende y detalla:
Fracción IX.- Violencia vicaria, es el acto y omisión intencional cometido contra la mujer por parte de quien mantenga o mantuvo una relación, ya sea de hecho de pareja o similares aún sin convivencia y que por sí misma o por interpósitas personas utilice como medio al descendiente, ascendiente, dependiente económico o persona con relación afectiva para causarle algún tipo de perjuicio o daño psicológico, patrimonial, económico, físico o de cualquier otra índole a la mujer.
Los gobiernos estatal y municipal en forma coordinada implementarán y operarán un sistema de información en el que se registren exclusivamente las denuncias e investigaciones de violencia familiar o violencia vicaria.
Lo anterior, permitirá a las autoridades preventivas e investigadoras correspondientes, detectar de forma inmediata la reincidencia de todo agresor, para salvaguardar la integridad de la víctima.
Al código penal se le reformó el artículo 242 BIS, donde se establece que el agente del ministerio público, podrá solicitar a la autoridad judicial correspondiente el embargo de sus sueldos o salarios al agresor a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias.
La comisión del delito (violencia vicaria) se perseguirá de oficio por la representación social. En ningún caso el ministerio público remitirá para mediación o proceso alternativo de solución a las víctimas de violencia familiar.
La iniciativa fue presentada por las diputadas, Liliana Michel Sánchez Allende, Rosa Margarita García Zamarripa, Dunnia Monserrat Murillo López y el diputado Miguel Peña Chávez, así como por la ciudadana Miriam Ayón Castro en su calidad de presidenta de la Red de Mujeres Unidas por BC.
