Por: RedacciónE32.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 04 DE MAYO DE 2023.- A través de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, se realizó el Foro Virtual de la Ley Sabina, donde se brindó un espacio de participación ciudadana para atender este tipo de violencia.
Lo anterior se realizó en el marco del Día de las Infancias, como comúnmente se le conoce al Día del Niño y la Niña, para buscar erradicar la violencia contra menores de edad y contra mujeres, al no cumplir con el pago de la pensión alimentaria.
La diputada Michel Sánchez externó invitó al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, para que se sumen a estos trabajos y que la Ley Sabina pueda reformarse y aprobarse en el Estado de Baja California.
Argumentó que, “en un sistema patriarcal, la única ruta es construir comunidad y trabajar desde la colectividad, de lo contrario será muy difícil transformar el sistema”.
El foro se llevó a cabo con la participación de la activista Diana Luz Vázquez, quien es inicialista de la Ley Sabina en México, además de que explicó lo que representa esa situación en los juzgados familiares, porque hay casos de más de 8 años que buscan una sentencia definitiva de pensión alimenticia.
Explicó que uno de los principales es cuando el padre no tiene un trabajo fijo ni salario, por lo que argumentó que la nueva legislación debe considerar las pensiones de acuerdo con un estudio del estilo de vida del progenitor.
Consideró que se debe tomar en cuenta que en el norte del país existe una gran cantidad de población migrante, por lo que ya se han mantenido reuniones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para solicitar que se les quite a los deudores alimentarios la matrícula consular.
Dicha medida sería para que las madres que vivan en Estados Unidos o Canadá puedan acercarse a los Consulados e iniciar sus procesos, aunque remarcó que para ello debe haber un registro estatal de deudores en Estados Unidos.
Michel Sánchez informó que ha presentado dos iniciativas referentes a asegurar los derechos de las infancias de recibir los alimentos, y en las que se incluye el contar con un registro público de Deudores Alimentarios y garantizar por la vía penal, civil y constitucional el cumplimiento de esta obligación.
