Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 15 DE JUNIO DE 2023.- De acuerdo con la estadística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, entre enero y abril 658 personas denunciaron haber sido amenazadas.
Hasta el momento se desconoce cuál es el motivo y si en alguno de los casos se cumplieron.
Llama la atención que a ninguna de estas casi 700 personas que se han sentido en riesgo el gobierno en alguno de sus niveles les brindó protección que fuera más allá de recibir la denuncia y escucharlos por algunos minutos.
Por eso llamó la atención que a la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, que no presentó denuncia y que según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado no hay indicios de que quieran hacerle daño, incremente su equipo de seguridad personal.
Lo que exhibe la decisión de la alcaldesa al aceptar vivir en una instalación militar es que no confía en sus policías, los mismos agentes en los que pide que los ciudadanos confíen sobre todo en los mandos que ella misma eligió.
De no ser un asunto de seguridad personal, entonces estaríamos ante una treta política en la que se busca ganar simpatías simulando ser víctima de amenazas, que no denuncia, con la intención de alcanzar notoriedad en medio de un ambiente político electoral.
Mientras eso sucede, en la ciudad el número de muertes violentas va en aumento, casi un centenar de personas asesinadas en solo dos semanas este mes lo confirma además de menores de edad heridos como víctimas colaterales.
Que una autoridad no denuncie las presuntas amenazas de muerte que recibe también es una señal de que no confía en la autoridad investigadora, en la misma autoridad en la que pide a sus gobernados confiar.
