Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 31 DE AGOSTO DE 2023.- El problema con las desapariciones forzadas es un tema excelente para el discurso político, con promesa de soluciones y pocos resultados.
La decisión de que hacer o no hacer no es un asunto de voluntad, también necesita cambios legislativos y, sobre todo, presupuesto.
Actualmente la Fiscalía General del Estado ya cuenta con una Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
La propuesta de crear una fiscalía especializada en la atención de este delito parece más una respuesta fácil, como lo fue en su momento la formación de una que se dedica a atender los delitos en contra de las mujeres.
La violencia en contra de las mujeres no ha disminuido y tampoco se está castigando a los agresores, solo algunos casos, en los que las víctimas tienen el valor de denunciar los casos públicamente, se atienden.
Según los propios colectivos, uno de los primeros pasos que se deben dar es cambiar el lapso que establece la ley para que alguna persona empiece a ser buscada con el respaldo de la autoridad, 72 horas son mucho tiempo para los criminales.
Crear una fiscalía especializada para atender el delito de desaparición forzada parece ser una respuesta fácil para un problema más complejo que involucra la mayoría de las ocasiones otro tipo de delitos.
También ayudaría que la autoridad reconozca el problema de la desaparición de personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas apenas cuenta 72 casos este año y solo en Tijuana las familias buscan a más de mil.
Las familias que buscan a sus desaparecidos merecen respeto, necesitan que la autoridad haga algo para ayudarlos a encontrar a quienes no aparecen, pero también que se dediquen esfuerzos para evitar que el problema siga creciendo. Los discursos no ayudan.