Por: RedacciónE32.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.- El gobierno estatal llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Baja California (INPI), con el fin de fortalecer y salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas en la región.
El convenio fue firmado por Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Estado y Eías Espinoza Álvarez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en las Entidades Federativas de Baja California y Baja California Sur.
Dicho documento prevé brindar asistencia vital en la interpretación y traducción de lenguas indígenas, garantizando así una comunicación efectiva y el acceso a servicios gubernamentales esenciales.
Juan José Pon Méndez señaló que la Consejería Jurídica garantizará un acceso a la justicia adecuado y un respeto estricto a los derechos humanos para las personas indígenas, así mismo, añadió que continuarán trabajando estos temas para no solamente defender y garantizar apropiadamente la defensa de las personas, sino también para brindarles mayores beneficios y respeto a sus derechos humanos.
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Por su parte, María Teresa Sierra Suquilvide, directora estatal de la Defensoría Pública expresó que el documento formalizará la relación entre la institución y las comunidades.
El convenio contempla la asignación de recursos económicos de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, con el fin de contribuir a la liberación de personas que se encuentren privadas de su libertad.
Se llevarán a cabo actividades de formación, capacitación y sensibilización dirigidas a la comunidad jurídica en general, con el objetivo de promover una mayor comprensión y respeto por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Se brindará asistencia para la traducción de solicitudes y respuestas relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales, asegurando la participación equitativa de todas las comunidades.
En los procedimientos en los que se involucre a estas comunidades, se garantizará la observación de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con el objetivo de salvaguardar de manera inquebrantable sus derechos humanos y promover una perspectiva intercultural.