Plantas tratadoras colapsadas generan crisis ambiental en BC

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Por: Isabel Mercado

Una marea turbia conforma el paisaje habitual de las costas del Océano Pacífico. Frente a las playas de Tijuana, el oleaje arrastra heces fecales, grasas y desechos, producto de la contaminación. El olor proveniente del mar se percibe a kilómetros, sobre todo en época de calor.

Cada vez es más frecuente encontrar letreros advirtiendo el cierre precautorio de las playas por riesgo sanitario desde Ensenada hasta Tijuana, en el estado de Baja California, por el lado de México, mientras que, al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, son colocados desde la línea internacional hasta Imperial Beach, en San Diego, California.

La principal fuente de contaminación está plenamente identificada: aguas negras descargadas al mar, reconoció Armando Fernández Samaniego, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).

Al sur, a 10 kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, una cascada de aguas negras gorgotea proveniente de una tubería conectada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de Los Buenos (PITAR SAB), también conocida como Punta Bandera, ubicada en los límites entre los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.

Aunque su función era el tratamiento de aguas residuales, la planta de Punta Bandera es la principal causa de la contaminación transfronteriza, se advierte en el informe de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), la cual arrastra aguas negras de Tijuana hacia las costas de San Diego, California.

Esta planta recauda mil 100 litros por segundo de un total de 3 mil 600 litros de agua residual de Tijuana, pero está en desuso desde 2017 porque su infraestructura está obsoleta, por lo que “nomás ve pasar el agua”, dice Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Y, a pesar de no cumplir con su tarea, que es sanear el caudal de agua residual que recibe, de 2020 a 2022, el gobierno de Baja California ejerció en Punta Bandera un gasto promedio anual de casi 20  millones de pesos, de acuerdo a información obtenida vía transparencia. 

Aunque se requirió por transparencia el presupuesto ejercido de 2017 a la fecha, CESPT sólo proporcionó el gasto de 2020 a julio de 2023.

Los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito cuentan con 18 plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) ubicada en el límite de Estados Unidos con México. La operación de esta red de plantas de tratamiento representó en 2022 un gasto de 195.8 millones de pesos, de los cuales sólo 9.8 millones de pesos se aplicaron en programas de mantenimiento, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) vía transparencia. 

Manuel Becerra asegura que no existe una razón que explique el abandono de las plantas de tratamiento de agua residual, cuando en el presupuesto de egresos la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), organismo operador del servicio de agua potable y alcantarillado, sí dispone de recursos para su operación y mantenimiento.

 

Su señalamiento coincide con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en 2020 ubicó a Baja California como uno de  los 12 estados que no ejercieron la totalidad de los recursos dispuestos por el Programa para la Modernización de los Organismos Operadores de Agua (PROAGUA) a las entidades federativas.

Ese año el gobierno de Baja California recibió de la federación 65 millones 424 mil pesos, presupuesto del que no aplicó 1 millón 071 mil 800 pesos, pero tampoco lo regresó a la Tesorería de Federación (TESOFE), por lo que encabezó la lista de entidades con mayor cantidad de observaciones y sanciones.

Además, siete de los contratos de obras ejecutadas en 2020 con recursos de PROAGUA fueron objeto de recomendaciones y promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por sus inconsistencias en la formalización de los convenios modificatorios con costos mayores a los pactados originalmente, las estimaciones de obra, las actas de entrega recepción y la aplicación del anticipo de obra por parte del contratista, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios. 

Para este reportaje, la reportera solicitó entrevista con Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), durante más de un mes a través del área de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.

Sistema colapsado

Punta Bandera no es la única fuente de contaminación de las costas regionales; a los mil 100 litros por segundo de agua residual que vierte al mar, se suma el escurrimiento de agua residual proveniente de los cañones y del Río Tijuana. Un total de 3 mil 600 litros por segundo de aguas negras se arrojan desde Tijuana al Océano Pacífico y, a decir de autoridades norteamericanas, el 70 por ciento de este caudal llega a las playas de Estados Unidos, principalmente a Imperial Beach, de acuerdo con reportes periodísticos. 

Por el derrame de agua contaminada al mar, el gobierno de Baja California pagó en 2020 una multa de 30 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aseguraron las autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) en una nota publicada por el Border Hub. 

Durante los últimos cinco años, particularmente a partir de la pandemia por Covid-19, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA), organismo que analiza el nivel de contaminación en las playas desde 2014, reportó la presencia de hasta siete mil enterococos -bacterias que causan diversas infecciones principalmente en el tubo digestivo-, por cada 100 mililitros de agua, cuando el límite se ubica en 200 por cada 100 mililitros de agua, informó Margarita Díaz, directora de PFEA, en entrevista para este reportaje.

Dijo que con esos niveles de contaminación la región debería encontrarse “bajo una contingencia y una respuesta muy contundente de las autoridades para solucionar el problema y no, la respuesta es ‘espérame, vamos a ver’”.

De acuerdo al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) Agua para el Valle de Guadalupe, el 46 por ciento de la red de casi cuatro mil kilómetros de alcantarillado sanitario (colectores y subcolectores) de Tijuana es obsoleta, es decir, que cumplió su vida útil.

Su estado genera fugas de aguas negras que provocan encharcamiento y contaminación en su paso. La lluvia arrastra esta contaminación hacia el Río Tijuana o al Océano Pacífico, explicó Díaz.

“El río debería estar transportando agua de las plantas de tratamiento y ahorita sólo transporta drenaje”, señala Margarita Díaz.

La cuenca del río Tijuana abarca un área de 4 mil 430 kilómetros cuadrados, de la cual aproximadamente dos tercios se encuentran en México y un tercio en Estados Unidos y está constituida por 27 subcuencas, que es donde se genera el mayor volumen de agua residual, reportó CILA en su informe especial 2020.

Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la CMIC, explicó que para atender este problema hay tres plantas en Tijuana que requieren de mayor inversión para ser rehabilitadas debido al severo daño que registra su infraestructura: La Morita, Arturo Herrera y Rosarito.

Otro problema que propicia escurrimientos de agua residual en caños que desembocan hacia el Río Tijuana o al Océano Pacífico, y que ha documentado la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), es la inadecuada operación de las plantas de bombeo, lo que incumple con acuerdos internacionales y la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Un ejemplo fueron las lluvias de este año, periodo en el que se asolvó el cárcamo que bombea el agua residual hacia la planta de Punta Bandera, pero no funcionó y las aguas negras fluyeron por meses directamente hacia Estados Unidos por el Río Tijuana, narra Margarita Díaz. 

El esfuerzo y la inversión para hacer llegar hasta Punta Bandera el agua bombeada desde el Río Tijuana representan una pérdida, ya que esta planta se encuentra sin operar y al volumen de agua residual que recibe sólo se le disuelven pastillas de cloro antes de ser derramado al Océano Pacífico, paliativo insuficiente para descontaminarlo, reconocen las propias autoridades de la CESPT en la nota publicada por el Border Hub en 2021.  

Punta Bandera opera desde 1988 y fue construida para sanear el agua residual a través de un sistema de tratamiento conformado por tres lagunas aireadas y, al final, desinfectar el líquido con cloro. Desde hace cinco años sólo realiza la última parte del proceso, así lo han reconocido las autoridades de CESPT.

Con estas condiciones, la infraestructura residual de la región no logra contener “el caudal de contaminación y desechos que el Río Tijuana y las playas de Tijuana arrastran más allá de la línea fronteriza”, se lee en el Informe Especial de CILA 2020, problemática que a la fecha prevalece.

De acuerdo con el Programa de Saneamiento de la Frontera Norte a Nivel Gran Visión para Tijuana, elaborado en el marco de los acuerdos del Acta 294 de la CILA, se requerirían tres décadas para solucionar el rezago en infraestructura para el saneamiento de aguas negras en el lado mexicano. En conjunto, las necesidades de proyectos de infraestructura de saneamiento al año 2050 suman 14 mil 555 millones.

Realizan contratos modificatorios y elevan costo

Desde 2018, el gobierno de Baja California, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), ha destinado recursos para la elaboración de estudios para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Punta Bandera, cinco años después, los análisis siguen en proceso.

Ese año, el ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, en convenio con el gobierno federal y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), aprobó la asignación de un contrato para la elaboración de los estudios relacionados con el Proyecto de Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos.

Por invitación directa a tres participantes, el contrato de número FNI CESPT-001-2018 I3 lo obtuvo Miranda, Arana, Velasco, S.C., firma asentada en Puebla y representada por Eduardo Guillermo Velasco Guevara.

El monto del contrato fue por 11 millones 890 mil pesos -IVA incluido-, por el que la empresa se comprometió a realizar estudios de ingeniería básica y de evaluación socioeconómica, análisis de conveniencia de una asociación público privada, así como asesoría estratégica que permita estructurar, bajo un esquema de asociación público privada, el proyecto de construcción y rehabilitación de planta.

El contrato establecía que el gobierno federal realizaría una aportación a fondo no recuperable por 6.5 millones de pesos.

La vigencia del acuerdo era del 15 de mayo de 2018 al 16 de marzo de 2020, pero a la fecha registra cuatro convenios modificatorios, de acuerdo a información obtenida vía transparencia.

El primero contrato modificatorio lo celebró el gobierno del morenista Jaime Bonilla, en 2020, año en el que se suponía realizarían todos los estudios y un proyecto que permitiera a CESPT licitar la rehabilitación de la planta.

La última ampliación del contrato la efectuó el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, en octubre del 2022, y determinó como fecha de entrega de todos los estudios el 31 de diciembre de 2023.

En este último convenio modificatorio, el Estado autorizó una cantidad adicional para la actualización de los estudios por 1 millón 470 mil pesos, lo que elevó el monto del contrato a 13 millones 595 mil 200 pesos, IVA incluido, no obstante que una de las cláusulas del contrato original obligaba a respetar los precios originalmente establecidos. 

Tanto el contrato original como los cuatro convenios modificatorios dan cuenta de la rotación constante de directores de CESPT; cada acuerdo fue firmado por un director distinto.

En los últimos 10 años, la dependencia ha tenido 11 directores, tres de los cuales han sido nombrados durante los dos años del gobierno de Marina de Pilar Avila Olmeda.

“Es un cargo muy politizado, está cautivo por los amigos de los políticos en turno y compadrazgos”, señaló Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la CMIC.

Estos cambios impiden la continuidad en los programas y una planeación adecuada de los proyectos, los cuales por lo general se asignan en forma directa y sin apego a las normas, afirmó.

Los señalamientos de Becerra coinciden con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de los últimos años de la CESPT.

Un ejemplo de estas irregularidades observadas fue la rehabilitación del colector Oriente, tramo Buena Vista-Guadalupe Victoria, obra que ya había sido concluida y entregada, sin embargo, la CESPT llevó a cabo convenios modificatorios irregulares en el contrato APAUR-CESPT-2020-006-OP-LPN, financiado con recursos de PROAGUA, que elevaron en más de un millón de pesos el costo pactado originalmente.

El contrato lo obtuvo la empresa Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V. el 29 de junio de 2020 por un importe de 8.5 millones de pesos, más IVA, para ser concluida a finales de diciembre de 2020. Después, la CESPT solicitó un primer convenio modificatorio para diferir la fecha de vigencia del contrato, aunque en lugar de ello redujo el periodo, por lo que incumplió con el cambio aprobado en el contrato.

El segundo convenio modificatorio lo firmaron fuera del tiempo contractual, al presentarse el 21 de julio de 2021, es decir, 236 días posteriores a la conclusión de la obra. Así, la obra se desarrolló sin contrato vigente, lo cual es contrario a lo que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Baja California y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios.

El segundo convenio modificatorio incluyó dos autorizaciones de precios extraordinarios para incrementar el importe de la obra a 9 millones 754 mil pesos más IVA.

Ensenada, creciente contaminación en playas

Con trapos húmedos y cinta adhesiva, vecinos de Praderas del Ciprés, ubicada al sur de Ensenada, sellan puertas, ventanas y cualquier orificio por donde el olor de las descargas de aguas residuales pudiera penetrar sus hogares.

Esta se ha vuelto una rutina diaria particularmente en los últimos cuatro años, periodo en el que aumentó esta problemática, causando quejas constantes de dolores de cabeza en un creciente número de adultos mayores, comparte María Georgina Ríos García, presidenta del Comité de vecinos para el mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Naranjo.

Para María Georgina el mal olor que se acentúa durante la madrugada tiene como fuente esta planta, “pareciera que ni trataran las aguas”, consideró.

Alonso Centeno Hernández, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), en entrevista para este reportaje reconoció que los malos olores que emana la PTAR de El Naranjo son consecuencia del deficiente tratamiento del agua residual que recibe: un volumen de 500 litros por segundo, más de la mitad de las aguas residuales que se generan en Ensenada.

El funcionario señaló que hasta 2022, esta planta sumaba 12 años sin rehabilitar, por lo que actualmente todas sus fases de tratamiento están comprometidas, “y es por ello que el agua sale deficientemente tratada”. La aireación es una de las fases más complejas de rehabilitar, y aunque sostuvo que ya se inició este proceso, no será hasta principios de 2024 cuando concluya, por lo que el problema de los malos olores continuará al menos por dos meses más.

La PTAR El Naranjo es sólo una de seis plantas de tratamiento que operan en Ensenada con una capacidad conjunta de 950 litros por segundo, sistema residual que incumple con la normatividad en las descargas debido al “abandono histórico” que arrastra, indicó Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).

Desde Maneadero hasta el Sauzal, las descargas de aguas negras son un problema generalizado en Ensenada, por lo que los vecinos han salido a las calles a protestar.

Alonso Centeno, director de CESPE, dijo que no hay un estudio que diga la gravedad del tema de contaminación, y explicó que la rehabilitación de la planta El Gallo con una inversión de 40 millones de pesos aplicada a partir del 2022 para mejorar los procesos de saneamiento de aguas residuales, permitió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) determinara ese mismo año que las playas eran óptimas para uso recreativo.

Sin embargo, el Comité de Playas Limpias del Municipio de Ensenada ha activado en al menos cuatro ocasiones el mecanismo de reacción inmediata por contingencia en la playa durante 2023.

Las últimas dos alertas fueron emitidas por el derrame de aguas negras el 27 de septiembre y 23 de octubre de 2023; la primera fue por fallas en una línea de la planta de tratamiento de El Naranjo y la segunda por una ruptura en el colector que manda las aguas tratadas a Maneadero. Como consecuencia de la segunda alerta el Comité emitió el “cierre precautorio en Playa Hermosa”.

En 2017, Playa Hermosa fue catalogada como la más contaminada de México y “la única playa que resultó no apta para uso recreativo”, reportó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Durante los últimos seis años, Playa Hermosa no sólo ha encabezado en cuatro ocasiones la lista nacional de playas cerradas, sino que el riesgo a la salud a causa de las constantes descargas de aguas residuales se ha extendido a otras zonas de Ensenada, lo que obligó el cierre de playas como Conalep 1 y Punta Banda.

Como medida sanitaria de salud, el Comité de Playas Limpias mantiene por meses algunos cierres de playas, como es el caso de Playa Hermosa, debido a que los muestreos de la COEPRIS registran niveles de contaminación por arriba de la norma.

Incluso, no se descarta la presencia de cólera, por lo que en la mesa de trabajo interinstitucional efectuada entre los tres niveles de gobierno en octubre de 2023 acordaron realizar muestreos para confirmar indicios de esta enfermedad.

De 2015 a 2022, CESPE acumuló una deuda con la Comisión Nacional del Agua de 60 millones de pesos por derechos de descarga y excedentes de aguas residuales descargadas en cuerpos de aguas nacionales. Si las aguas residuales vertidas no están bajo norma, se pagan excedentes, anotó Alonso Centeno, director de la paraestatal.

“Cuando se descarga y un parámetro no cumple con la norma ahí hay que pagar, no es una multa como tal, son excedentes y todos los organismos tenemos esas obligaciones”. Durante el primer trimestre de 2023, CESPE pagó a Conagua 330 mil pesos por descargas y excedentes de aguas residuales.

Presupuesto millonario, plantas sin mantenimiento

Arturo Espinoza Jaramillo, titular de SIDURT declaró que el abandono en el mantenimiento de las plantas es de más de una década.

Alonso Centeno Hernández, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), subrayó que, al recibir el organismo en 2022, cinco de las seis plantas no funcionaban de forma adecuada: El Sauzal, El Naranjo, Maneadero, Noroeste y El Gallo.

Sin embargo, en los últimos seis años, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) ejerció un presupuesto de 294.8 millones de pesos para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual, de acuerdo a información proporcionada vía transparencia.

En 2021, el monto para este rubro se determinó en 70.9 millones de pesos, lo que significó un aumento de 109 por ciento con respecto a lo ejercido el año anterior, mientras que para 2022 el organismo operador elevó a 87.9 millones de pesos el gasto para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual.

Hasta mediados de 2023, CESPE reporta haber ejercido 38.3 millones de pesos en la operación y mantenimiento de las PTAR.

Para atender la rehabilitación de las plantas de tratamiento, el gobierno de Baja California considera necesaria la aplicación de recursos extraordinarios a través del Bono Verde informó Armando Fernández Samaniego, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), en una reunión con empresarios, donde anunció la reparación este año de las plantas Noroeste, El Gallo y el Naranjo. Sin embargo, de acuerdo al programa de obra de CESPE, la rehabilitación sólo se aplicó en las PTAR Noroeste y El Gallo.

El Bono Sostenible para los Servicios Públicos de Agua del Estado de Baja California (Bono Verde) es el esquema a través del cual el gobierno estatal contrató una deuda a 30 años por 9 mil 600 millones de pesos; de esa cantidad, 3 mil millones de pesos financiados por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), se aplicarán en infraestructura hídrica.

Del Bono Verde “alrededor de mil 200 millones de pesos se van a invertir en Ensenada en reposición de redes de agua potable y saneamiento”, informó Alonso Centeno.

No es la primera vez que la actual administración estatal anunció la disposición de recursos millonarios para atender la problemática.

En octubre de 2022, Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, anunció la inversión de 835 millones de pesos para la ampliación de la planta de tratamiento El Naranjo, obra que iniciaría en 2023 para concluir en 2024. Un año después, el proyecto sigue siendo sólo una promesa, pero de menor presupuesto.

Alonso Centeno dijo que en la ampliación de la planta El Naranjo, reprogramada a iniciar en diciembre próximo, se dispondrán de 500 millones de pesos.

Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, admitió en la conferencia de prensa del 19 de octubre el retraso en la rehabilitación de la planta, del cual no dio explicaciones ni responsabilizó a nadie, sólo se limitó a indicar que hubo “una situación” con la convocatoria por “temas procedimentales”, por la que dio “regaños y jalones de orejas” a funcionarios de su gabinete. Agregó que dio instrucciones para proceder con una licitación directa por emergencia sanitaria. 

Respecto a la problemática por descargas de aguas residuales en Maneadero y El Sauzal, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron el 12 de octubre una mesa de trabajo interinstitucional para trabajar en acciones encaminadas a mitigar la problemática.

Las aguas negras vertidas al arroyo Las Ánimas y el Estero de Punta Banda, ha ubicado por arriba de los niveles máximos permisibles la presencia de coliformes y enterococos, esto de acuerdo a los análisis realizados por la Coepris, se informó en la mesa interinstitucional.

El problema de contaminación que enfrenta la delegación de Maneadero podría provocar afectaciones a la salud de más de 120 mil residentes de la zona y en las más de 2 mil 500 hectáreas de cultivo, a través de las cuales se genera 5 mil empleos, advirtió la senadora Nancy Sánchez, al hacer hincapié en la necesidad de atender la problemática en forma conjunta.

En cuanto a El Sauzal, los escurrimientos de aguas negras a causa del mal estado de la planta de tratamiento han provocado malos olores y la contaminación de la playa, por lo que en la reunión se determinó una inversión de 60 millones de pesos en su rehabilitación a finales de noviembre.

Mexicali, sistema de saneamiento rebasado

Descargas provenientes de establos, granjas avícolas y porcícolas, y basura doméstica que se deposita en los drenes agrícolas que cruzan el área urbana, son arrastradas en el sur de Mexicali hasta el lecho del Río Nuevo, así lo ha documentado la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

En el centro de Mexicali operan algunos colectores principales construidos hace más de 50 años y varias plantas de bombeo de aguas residuales que han alcanzado o excedido su vida útil y requieren ser reparadas o sustituidas. Cuando algún colector de esta zona colapsa o una estación de bombeo falla, las aguas residuales sin tratamiento generalmente se descargan en el río Nuevo y cruzan la frontera con Estados Unidos.

El sistema de saneamiento de Mexicali se compone de 12 plantas de tratamiento de aguas residuales que reciben un volumen de 2 mil 420 litros por segundo, informó Armando Carrasco López, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM); el 38.3 por ciento del agua que pasa por las plantas de tratamiento no se reutiliza y se devuelve a través del Río Nuevo.

El mayor volumen de agua residual lo reciben las plantas Zaragoza y Arenitas, y ambas incumplen con normas ambientales, refiere en su informe 2020 CILA, aunque el director de CESPM atribuyó el incumplimiento a la actualización que este año se realizó a la norma 001, que obliga al tratamiento de aguas negras bajo el método de lodos activados y no por aireación.

En forma adicional, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) opera en el valle otros ocho sistemas de saneamiento de menor tamaño, que en conjunto procesan 274 litros por segundo.

De acuerdo con Carrasco López, no será hasta 2027 cuando el total de las descargas de aguas residuales de Mexicali cumplan con la norma ambiental, porque hasta entonces concluirá con el proceso de actualización del método de tratamiento.

“Actualmente nosotros no estamos cumpliendo con la norma, la 001 que salió este año, pero la Semarnat nos permite tener un tiempo de gracia […] ya hicimos un compromiso de que no pasa del 2027 para que nuestras plantas ya estén actualizadas con nuestros métodos y entren dentro de la norma”.

El incumplimiento a las normas ambientales no sólo deriva del método de saneamiento utilizado, sino también a la falta de capacidad para tratar las aguas negras.

Un ejemplo es la PTAR Las Arenitas, que comenzó su operación en el año 2007, con una capacidad de diseño de 840 litros por segundo y con el fin de resolver un problema internacional, evitando que las aguas residuales sin tratar continuarán escurriendo por el Río Nuevo hacia Estados Unidos.

Desde el comienzo de su operación, esta planta, que concentra 46 por ciento de los volúmenes de aguas residuales, tuvo problemas en el cumplimiento a la NOM-001-SEMARNAT-1996, situación que se buscó resolver con la creación de una laguna artificial. Sin embargo, se ha visto rebasada en su capacidad desde 2013. Actualmente recibe alrededor de mil 100 litros por segundo, informó Armando Carrasco. 

Aunque desde hace cinco años CESPM proyecta su ampliación para incrementar su capacidad actual de 840 a mil 900 litros por segundo, a la fecha no lo ha concretado.

Por su parte, la PTAR Zaragoza comenzó operaciones en el año 1969 y atiende el 54 por ciento de la demanda de saneamiento, con capacidad de tratamiento de mil 300 litros por segundo. Actualmente incumple con algunos parámetros de la NOM-001-ECOL-1996, como nitrógeno y sólidos suspendidos totales, por lo que requiere ser rehabilitada, anota en su informe CILA.

CESPM paga anualmente a Conagua alrededor de 42 millones de pesos por derechos de descarga y excedentes, recursos que retornan a la paraestatal para ser invertidos en obras.

Armando Carrasco López detalló que se considera una inversión de mil 685 millones de pesos sólo para cumplir con la norma, recursos provenientes del Bono Verde. “La idea es poderlo ejecutar cada año hasta el 2027”.

A partir del 2024 el proceso de rehabilitación arrancará en las plantas Arenitas y Zaragoza, con una inversión de 800 y 715 millones de pesos, respectivamente.

En el último año el costo de operación en saneamiento y tratamiento del agua residual en la capital bajacaliforniana generó un gasto de 349 millones de pesos, informó Carrasco.

Contaminación, problema cíclico a nivel nacional

La evaluación de la política hídrica nacional, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicada en 2020, la más reciente, consignó que la península de Baja California se encuentra entre las regiones con mayores problemas en el proceso de saneamiento.

De acuerdo al monitoreo realizado por la Conagua de 2019 en cuerpos de agua superficiales por Región Hidrológico-Administrativa, la península de Baja California registró contaminación por heces fecales y residuos, a tal punto de generar las condiciones para el desarrollo de bacterias. Uno de los factores que afectó la calidad del agua en Baja California, como en el resto del país, fue la insuficiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

En 2019 en México existían un total de dos mil 642 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación y, de acuerdo con el último registro del Sistema Nacional de Información de Aguas, en estas plantas se trató el 72.7 por ciento de los 194.7 metros cúbicos por segundo de aguas residuales recolectadas, por lo que la ASF lo calificó como un problema “cíclico” que afecta al país, debido a que no se procesa el 100 por ciento de las aguas residuales.

Entre los hallazgos de la evaluación se detectó que, al no contar con los adecuados mecanismos anticorrupción esto afecta el gasto presupuestal y genera sobrecostos en los contratos de construcción. 

La Conagua publicó, de manera oficial, el 30 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, sin embargo, tres entidades (Baja California, Coahuila y Yucatán), al no estar su legislación empatada a la Ley de Aguas Nacionales, carecen de elementos regulatorios para normar la obligación de que la planeación estatal se alinee a la nacional.

De seguir con los resultados obtenidos y las deficiencias identificadas, existe el riesgo de que el país no logre cumplir con las metas internacionales, establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, particularmente en lo referente a mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y las aguas residuales sin tratar, así como aumentar el reciclado y la reutilización; elevar el uso eficiente de los recursos hídricos; y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, concluyó la evaluación de la ASF.